Y hay más en otros cargos del Ejecutivo. Ya ha pasado con otros gobiernos ¿No se supone que los jueces no podemos hacer política? ¿Y cómo es que luego pueden volver de jueces? Hilo sobre PUERTAS GIRATORIAS.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz se ha quejado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que sólo le haya pedido a él, y no al que fuera su 'número dos', Francisco Martínez, su teléfono móvil para comprobar la veracidad del envío de los mensajes en los que supuestamente se habría hecho un encargo para obtener información sobre la operación 'Kitchen'.

El escenario, la Audiencia Nacional. Francisco Martínez, con traje azul, se sienta a la izquierda del juez Manuel García-Castellón. Jorge Fernández Díaz, de oscuro, a la derecha. “No es una diligencia agradable... La realizo muy pocas veces”, les reconoce el magistrado instructor: “Son ustedes dos personas educadas [...] Les ruego que mantengan la calma suficiente”. Pero esa petición aguanta poco. EL PAÍS reconstruye, a través de los detalles ofrecidos por diversas fuentes jurídicas, la intensa charla.

Los socios del Gobierno y la formación ultra presionan para que arranquen los trabajos frenados de una sesión aprobada hace más de un mes.

Ahora que el secreto sumarial ya no afecta a la causa, el juez le ha vuelto a citar al entender que el encargo partía de sus responsables, quienes habrían "dirigido y coordinado toda la operativa"

Pablo Iglesias ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional donde pide anular el auto del juez García Castellón, instructor de la pieza Dina, con el que acordó elevar al Tribunal Supremo la exposición razonada para imputar al vicepresidente segundo del Gobierno. En su escrito de 23 páginas, el dirigente político considera que la decisión del magistrado “deja sin efecto material” la decisión de la Sala de devolverle la condición de víctima y, además, afirma que el juez actúa de “forma arbitraria e injustificada".

Se investiga la implicación del excomisario Villarejo y otros mandos policiales en una operación que habría encargado el Partido Popular para sustraer al extesorero Luis Bárcenas documentos comprometedores sobre la presunta financiación ilegal de la formación. En esa operación se habrían utilizado los recursos personales y financieros del Ministerio del Interior, cuyo titular era entonces Fernández Díaz.

La Policía Nacional se ha remitido este miércoles a la investigación abierta hace unos días por las amenazas en redes sociales denunciadas por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, señalando que no existen datos concluyentes sobre la autoría o para trazar vínculos con la extrema derecha, como ha hecho en el Congreso el vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias.