La Ley de Libertad Sexual impulsa un cambio paradigmático: sitúa el consentimiento en el centro. No sólo elimina la distinción entre abuso y agresión sexual, sino que además plantea la ausencia de consentimiento como factor clave para castigar este tipo de violencia. El texto modifica el Código Penal con el objetivo de subrayar que no existe consentimiento siempre que la víctima "no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar".
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