Dieciocho meses después de uno de los episodios más graves de violaciones masivas de derechos humanos en Perú en el que 50 personas y un policía murieron y más de 1.400 resultaron heridas durante las protestas que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la evidencia apunta a la posible responsabilidad penal de la presidenta Dina Boluarte y puede resultar vital en las investigaciones que se están llevando a cabo.
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