El Gobierno ha modificado su propio real decreto-ley antidesahucios y exige ahora "violencia e intimidación" que para poder desalojar a los okupas. De esta forma, el Ejecutivo ha cambiado el artículo 1 bis de la normativa. El texto establece como requisito para expulsar a los usurpadores que "la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas".
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