¿Cabe imaginar que un juez de instrucción en sus cabales encargue una pericia sobre el funcionamiento de las Cortes Generales, el Consejo de Ministros o el Tribunal de Cuentas? Pues eso es lo que, sin aparente escándalo, ocurrió impunemente en la causa de los ERE, en relación con las instituciones equivalentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
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