El alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron (PSC), el concejal de Urbanismo, Ramon Bassas (PSC) y la letrada del servicio de Urbanismo, Maria Lluïsa Guanyabens, han sido imputados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el patrimonio histórico en relación a la deconstrucción del conjunto industrial de Can Fàbregas y de Caralt para la construcción de un centro comercial. Además, pidió como medidas cautelares detener la deconstrucción y almacenamiento de la antigua fábrica y la eliminación de los restos del subsuelo.