El jurista gaditano Bernardo Periñán Gómez, profesor titular de Derecho Romano de la Universidad Pablo de Olavide, publica el libro 'El proceso contra Lucio Cornelio Balbo 'maior'. Estudio jurídico'

La petición de ingreso de Camps en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) puede traer cola. Camps, acogiéndose a la prerrogativa que le otorga el Estatuto de Expresidentes, será miembro nato del CJC, lo que le permitirá actuar con voz pero sin voto. El problema viene porque quiere conservar su acta de diputado, con lo que mantendrá además la condición de aforado. «Que una persona pueda ostentar dos niveles de representación, se pronuncie en relación a un anteproyecto de ley en el CJC y luego vuelva a emitir un pronunciamiento con la condición de di

Artículo de cuartopoder que comenta la publicación de dos libros, "Doctores del infierno" y "Los juristas del horror", que tratan sobre la colaboración activa con el régimen nazi de profesionales de la medicina y el derecho.

La Asociación Europea de Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo, ha pedido al Tribunal Constitucional que permita la legalización de Sortu. Este grupo realizó una demanda similar en febrero, cuando Sortu se presentó como partido. Además, pide al Gobierno español y a los partidos que no presionen a los jueces y reclama a la UE que, de ser necesario, recuerde a Madrid la obligatoriedad de respetar los derechos civiles y políticos.

El trato del Pentágono al soldado Bradley Manning, detenido y acusado de sustraer cables clasificados de redes informáticas militares que posteriormente publicó Wikileaks, es degradante e inhumano y se puede equiparar a tortura, según 295 abogados y profesores de derecho de las instituciones académicas más prestigiosas de EE UU.

Las críticas vertidas por la asociación de Jueces Para la Democracia (JPD) quienes consideran que las vinculaciones entre el poder judicial valenciano y la administración autonómica son más que evidentes, no han dejado indiferentes a las estructuras jurídicas valencianas. La asociación valenciana de Juristas Demócratas piensa abordar esta cuestión en la próxima junta directiva que se celebra el miércoles. Según su presidente, Juan Antonio Lloret, diversos asociados han hecho saber su "malestar" ante las vinculaciones que existen...

Los escudos franquistas que llenan todavía las ciudades españolas sólo reflejan "un cambio histórico" y no suponen una "exaltación" de la dictadura. En consecuencia, los ayuntamientos no están obligados a retirarlos de las calles. Esta es la insólita interpretación de la Ley de Memoria Histórica que ha hecho el máximo órgano consultivo de la Generalitat Valenciana, el Consell Jurídic Consultiu, en respuesta a una pregunta formulada por el Consistorio de Valencia.

Un 60 por ciento de los profesionales jurídicos considera que el nuevo Código Penal, vigente desde el pasado 23 de diciembre, tendría que haber previsto la figura de la cadena perpetua revisable para delitos especialmente peligrosos, según una encuesta realizada a más de 1.300 expertos.

La mayoría niega que pueda exigirse la disolución de ETA como requisito previo. Juristas consultados sobre la Ley de Partidos y su previsible aplicación a la formación que presente la izquierda abertzale coinciden, mayoritariamente, en que si condena de modo inequívoco la violencia, es difícil proceder a su ilegalización.

Juristas y colectivos de mujeres dudan sobre su posible regulación jurídica

La Comisión Colombiana de Juristas se ha sumado hoy a las voces de apoyo al juez Garzón. En un comunicado, la organización expresa "su enorme preocupación por la decisión del Magistrado instructor del Tribunal Supremo de España, Luciano Varela, fechada el 7 abril de 2010, de proceder al enjuiciamiento criminal del juez Baltasar Garzón de la Audiencia Nacional española, por el presunto delito de prevaricato por investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista".

Más de 50 juristas han suscrito un manifiesto de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que califican de "doloroso e injustificable" que se le quiera sentar en el banquillo del Tribunal Supremo por intentar juzgar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Los juristas denuncian que "la democracia" no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas "de la represión de la dictadura", hasta el punto de que miles de cuerpos permanecen enterrados "indignamente" en fosas comunes.

Medio centenar de juristas alzan su voz contra el genocidio franquista

Más de 40 reconocidos juristas, abogados y profesores de universidad conformarán el comité jurídico encargado de elaborar la iniciativa legislativa popular de “Verdad, Justicia y Reparación” para las víctimas de la dictadura, el proyecto de ley que será llevado a la Mesa del Congreso para su calificación y posterior recogida de medio millón de firmas ciudadanas. El elenco de nombres continuará ampliándose en los próximos días y todos ellos parten de un común denominador: la lucha contra la impunidad y por los derechos humanos.

La Asociación Americana de Juristas y el Institute for Planetary Synthesis, organizaciones consultivas de la ONU, han pedido que se vuelva a instar al Gobierno español a «definir con claridad las conductas prohibidas, para la seguridad jurídica de todas las personas». Reiteran que Madrid hace una aplicación expansiva de los delitos de terrorismo y se fijan, entre otros, en los de «apología» y el «enaltecimiento», por el que anteayer fue de nuevo condenado Arnaldo Otegi.

Un grupo de juristas, encabezados por el catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Girona (UdG) Hernán Hormazábal, se han dirigido a Naciones Unidas para que actúe ante la "grave vulneración de la independencia" del juez Baltasar Garzón en España.La denuncia formal, que cuenta con la adhesión de los catedráticos de Derecho Penal Mercedes García Arán (Universitat Autònoma de Barcelona) y Nicolás García Rivas (Universidad de Castilla-La Mancha), entre otros, fue remitida el pasado viernes a la Relatora Especial sobre la independencia...

La sentencia del titular del Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid, Ricardo Rodríguez Fernández, que condenó a dos directivos de la cadena SER por un delito de revelación de secretos por difundir un listado de afiliaciones irregulares al Partido Popular de Madrid a través de la página web de la emisora en junio de 2003, será anulada por instancias judiciales superiores, esta es la opinión de Rafael de Mendizábal, Marc Carrillo y Enrique Gimbernat, tres prestigiosos juristas.

Una Plataforma de juristas, entre los que se encuentran la juez Manuela Carmena y el fiscal del Tribunal Supremo Félix Pantoja, sostiene que la "cadena perpetua" ya existe en España y se aplica más a otro tipo de delitos que al terrorismo. Algo que consideran "manifiestamente injusto y desproporcionado" porque sostienen que hay "autores de delitos sin sangre que tienen condenas de cadena perpetua efectiva" [...] precisan que si una persona delinque después de que con anterioridad haya sido sentenciada por otro delito "las penas se suman...

La Asociación Catalana de Juristas Demócratas ha emitido un manifiesto en el que reclama al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que abra una “investigación oficial efectiva e independiente” de los “crímenes de género de lesa humanidad” que el régimen franquista cometió contra las mujeres republicanas que acabaron presas, torturadas y violadas en las cárceles de la dictadura.

La asociación Juristas contra el Ruido ha criticado hoy la pasividad del Gobierno y los ayuntamiento ante la contaminación acústica y ha denunciado la "suma gravedad" de los botellones, donde "el éxito de la fiesta se mide por el número de comas etílicos". Añaden que las fiestas populares corren el riesgo de "convertirse en libertinaje común para hacer ruido, perdiendo su identidad cultural", por lo que pide que incluso los eventos religiosos y populares tengan medidas correctoras contra el ruido.

El Foro Actualidad UJI-Marina d'Or organizó ayer un debate entre juristas y periodistas sobre los juicios paralelos.Según los expertos, la ley obliga al fiscal y al juez a no revelar nada del sumario pero "sólo es secreto de sumario lo conocido a través de la actuación judicial, pero no antes ni después", en clara alusión a posibles filtraciones o declaración realizadas por testigos, peritos, policías o cualquier persona conocedora del caso, que en ningún caso suponen delito. Los juristas defendieron la libertad de expresión e información.

El canon digital, el P2P (intercambio de archivos), las descargas a través de internet, los delitos informáticos y la vigilancia en la red, son temas que se van a tratar en Cáceres, el próximo jueves y viernes, en el XIV Congreso Extremeño de Responsabilidad Civil y Seguros. Este congreso está organizado por los Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz, y atraerá a esta ciudad a juristas de toda España. Enlace original (no me deja enviarla): www.hoy.es/20090609/caceres/juristas-toda-espana-analizaran-20090609.h

El movimiento de oposición a Bolonia en ocasiones se ha lamentado de que algunas autoridades universitarias y medios de comunicación transmitan una imagen de él como un fenómeno propio de jóvenes radicales y antisistema que prácticamente sólo buscan alterar la vida normal de las universidades españolas. Pero, ¿qué pasa cuando son centenares de destacados juristas y profesores universitarios los que le sacan pegas al plan de convergencia europea de títulos universitarios y a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior?

William F. Pepper ha irrumpido en la causa española sobre Guantánamo y las torturas de la Administración Bush aportando al proceso un documento de 121 folios en el que defiende el derecho de España a investigar y sugiere que se amplíe el procedimiento y se impute directamente al ex presidente George W. Bush. Aporta también a la causa 45 documentos que permiten "trazar el proceso de toma de decisiones" que llevó a la aplicación de métodos equivalentes a la tortura a los detenidos de la "guerra contra el terrorismo".