Las cuentas públicas quedarían oficialmente intervenidas, y si nos guiamos por las condiciones que se han exigido a los países que ya han sido rescatados, el IVA subiría al 23%, las administraciones públicas se verían obligadas a reducir sus costes laborales, bajando los sueldos de los funcionarios y despidiendo al personal contratado, y posiblemente tendrían que reformar el sistema de pensiones, la financiación de la sanidad y la educación públicas. Casi con seguridad, nos impondrían una nueva reforma laboral que redujera los costes de despido
