De los más de 20 millones de euros que presuntamente estafó al Gobierno central, a través de un plan de reindustrialización elaborado por la Junta de Andalucía para reactivar el ayuntamiento de Cádiz, se estima que el detenido, en colaboración con al menos tres socios más, fundó más de veinte empresas de las que se habría apropiado de fondos entregados por el Gobierno andaluz con unas condiciones en las que no existían ni intereses ni era necesario presentar avales.
