El alcalde de Anzalcóllar, Agapito Ramírez (IU), alega la necesidad de flexibilizar las condiciones para generar puestos de empleo en su pueblo, que soporta una tasa de paro de 34 por ciento. En 1998 la localidad sufrió el mayor desastre mediambiental de Andalucía.

El Gobierno municipal de Ana Botella ha acordado este jueves someter a información pública un avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El Gobierno municipal de Ana Botella ha acordado este jueves someter a información pública un avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "liberalizador y flexibilizador" de todos los trámites de la planificación urbanística que actualmente "atenazan y retraen la inversión" en la ciudad.

La investigación del PGOU cree que fueron un regalo del exsocio de Ortiz al exalcalde de Alicante. Los agentes encargados de la investigación no entienden el interés del empresario Enrique Ortiz y su entorno en unas viviendas que supuestamente ya no eran suyas y quieren saber el origen del dinero con el que los tres hijos del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi las alquilaron primero y, en el caso de dos de ellos, las compraron después.

El debate ya está abierto en la sociedad malagüena que ha asistido estupefacta a la presentación de los Presupuestos Generales del estado. Unos presupuestos que dejan a la provincia malagueña al margen de las grandes inversiones y de la resolución de los grandes proyectos pendientes especialmente en la capital. Y si a la ciudadanía la dejan al margen, al PP provincial lo dejan literalmente “tirado” y “a los pies de los caballos”.

"Dimitir es una cuestión de salud pública. Por la dignidad de la ciudad de Valladolid. Es una lección, esta sí señor alcalde, de democracia y responsabilidad política"

La Fiscalía de Valladolid ha recurrido en apelación el auto de imputación del caso PGOU para que el juez incluya en él como imputado al alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, al actual concejal y teniente de alcalde Manuel Sánchez y al administrador de la sociedad Área Especial S.L, Ramón Herrero.

El magistrado instructor de la pieza del 'caso Brugal' en la que se investigan presuntas irregularidades en el PGOU de Alicante ha rechazado un recurso interpuesto por la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, contra la decisión del juez de solicitar una serie de diligencias -como las certificaciones registrales de varias fincas y mercantiles y una pericial caligráfica- con el fin de conocer la incidencia sobre el plan urbanístico de los hechos presuntamente delictivos que se investigan.

El exedil de Urbanismo de Murcia Fernando Berberena tuvo un papel destacado en la adopción de un modelo supuestamente corrupto implantado para reformar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que favorecía a empresas constructoras, según el informe del fiscal- En el domicilio del exconcejal fueron halladas 30 obras de arte "cuyo origen se investiga y cuyo valor se estima que supera los 30.000 euros. el entonces concejal "recibió importantes presentes, cuyo valor se estima en no menos de 85.000 euros, como seis relojes de alta gama".

La investigación policial sobre la tramitación del Plan Rabasa recoge intentos por parte de Enrique Ortiz de apartar a un técnico municipal a través de la jefa jurídica de Urbanismo por ralentizar la llegada del texto refundido del macroplan urbanístico al pleno municipal de Alicante, época en la que se estaban agilizando los trámites del proyecto así como las conversaciones con responsables de IKEA para la llegada de la multinacional a los terrenos de Rabasa.

Godella no puede ejecutar la sentencia de una expropiación que instó el Sagrado Corazón. Ante la imposible negociación con la congregación del Sagrado Corazón para abordar el pago de los 16 millones de euros, incluidos los intereses, por la expropiación del bosque del colegio de las monjas, el Ayuntamiento de Godella presentará al juez tres alternativas para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo. Todas las opciones pasan por el abono "en especie", bien con recalificaciones o compensaciones urbanísticas y entrega de parcelas municipales ...

Los agentes se reafirman en las conclusiones de la investigación llevada a cabo en 2011: "no existe ninguna extracción de dinero en efectivo, ni a través de cajeros automáticos cuyos importes pudieran evidenciar que se extrajo de las cuentas bancarias dinero en efectivo para pagar ambos viajes".

El interrogatorio al exadministrador de la firma que abonó el avión al exalcalde confirma que el dueño de Rocafort, S. L., pagó los 36.000 euros. Aseguró que el alquiler del jet privado en el que el exalcalde de Alicante voló a Creta lo pagó el empresario valenciano Ricardo Fuster, al que sólo le unía una buena relación comercial, y que no conocía ni conoce a Luis Díaz Alperi, ni a los empresarios Enrique Ortiz y Antonio Solana ni al presidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino.

Moriyón: "La anulación del PGOU sitúa a Gijón en la excepcionalidad urbanística. Los socialistas aportaron por un urbanismo al margen de la legalidad que conduce a la provisionalidad. Váyase señor Argüelles"

La alcaldesa de Alicante había solicitado la anulación en la pieza separada que investiga el Plan General de Ordenación Urbana. En un auto del 8 de febrero, el TSJCV rechaza por tercera vez anular los autos dictados en las diligencias previas por el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela (Alicante), por los que se acordaba, prorrogaba y ampliaba la intervención de las comunicaciones telefónicas integradas en esta causa.

La batalla procesal que con recursos, autos y providencias sobre la validez de las intervenciones telefónicas de dos de los principales imputados en este proceso, la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz, ha llegado a su fin cerrándose toda posibilidad de que se anulen los pinchazos antes del juicio, que era lo que pretendían los encausados.

El Canal de San Indalecio (I). . Monumento al ingenio agrícola El Canal de San Indalecio es el símbolo de la vinculación de la burguesía almeriense del siglo XIX con la antigua vega del Bajo Andarax

El Partido Popular (mayoría absoluta) someterá a votación el lunes un PGOU que, entre otras cosas, pretende destruir el único Parque Periurbano de la capital almeriense para construir 5.600 viviendas más (cosa que precisamente no necesita Almería).

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el deslinde de costas en el municipio de Piélagos y ha rechazado la reivindicación del Ayuntamiento de reducir de 100 a 20 metros la zona de servidumbre de protección en varias áreas del municipio entre las que se encuentran Portio, La Arnía y Cerrias. Por todo ello, el Supremo no acepta ninguno de los tres recursos promovidos por el Consistorio y por sendos particulares, y les condena además a pagar las costas judiciales.

La noche del viernes, Castedo recibió una inyección de autoestima. Más de 600 «amigos» de la red social Facebook se congregaron junto a ella en un conocido restaurante alicantino para brindarle todo su apoyo justo el mismo día que se desveló el vídeo con su declaración en el TSJ. Fue un baño de masas. La alcaldesa llegó puntual, acompañado de su marido. Antes de acceder al local dijo sentirse «lapidada» y volvió a reiterar que no dimitirá. «Perdería la justicia», dijo.

Hasta el pasado 31 de octubre, el Ayuntamiento había concedido 403 licencias para la construcción de otras tantas viviendas. La cifra, facilitada por el grupo socialista, refleja el hundimiento de las promociones inmobiliarias en la ciudad, que hace apenas cinco años sumó 2.772 pisos. Este último dato queda muy lejos de las 3.868 viviendas autorizadas en 2004, año en que se presentó por primera vez la revisión del Plan General, en forma de concierto previo y que suponía la recalificación de zonas degradadas de huerta para completar la expansión

Desde nuestro nacimiento como asociación, nos han llegado numerosas denuncias que a día de hoy seguimos investigando. Algunas han dado lugar a descubrimientos importantes que llevaremos a los tribunales en los próximos meses, pero de momento nos estrenamos en la andadura judicial con un caso que puede llegar muy lejos: la impugnación del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Cartagena.

El ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, ha llegado a las 9.45 horas al Palacio de Justicia de Valencia acompañado de su abogado, Vicente Grima. Alperi está citado para declarar en el TSJCV que le investiga, junto a su sucesora, Sonia Castedo, por el supuesto amaño del PGOU en beneficio del constructor Enrique Ortíz. Alperi ha salido una hora después, ya que se ha acogido a su derecho a no declarar.

El instructor de la causa del PGOU afirma que el exalcalde no puede alegar desconocimiento de los hechos que se le imputan.

El Plan General de Ordenación Urbana de Yaiza,elaborado por el Gobierno de Canarias,vuelve a incorporar al ilegal plan parcial Playa Blanca, anulado por los tribunales a raíz de recursos del propio Ejecutivo, del Cabildo y la Fundación César Manrique, por haber quedado extinguido desde hace más de una década y haberse desarrollado infringiendo la legalidad. Así en la nueva ordenación no sólo amparan las 804 viviendas construidas sino que recuerdan que “se estiman un total de 1.474 viviendas para la zona" y además introducen una parcela hotelera

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se ha declarado competente para instruir la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante en una pieza separada del 'caso Brugal', en la que está vinculada la alcaldesa alicantina Sonia Castedo y el ex primer edil Luis Díaz Alperi, ambos diputados autonómicos.