El sistema democrático español está caracterizado por su falta de representatividad. O al menos de representatividad ciudadana. Nuestra Ley Electoral, sustentada en eso que alguien dio en llamar España de las Autonomías, se estructura en torno a la representación territorial de los ciudadanos, es decir, con un sistema de voto por circunscripciones que, mediante la aplicación de la Ley D’Hont, permite asignarle a cada provincia el número de diputados, sobre el total de 350, que la representarán en Cortes.