Las grandes constructoras presionan al Gobierno para que cambie su doctrina en lo que toca a expropiaciones en los concursos de carreteras. Y es que las constructoras estiman que el gasto en expropiaciones debería correr a cargo del Estado, mientras Fomento obliga a la concesionaria a pagar a los dueños de los terrenos atravesados por la futura carretera.