(C&P) La Junta de Andalucía pretende afanarme imponerme 8.500 euros de multa porque las condiciones legales de esta web (iAbogado.com) le parecen potencialmente “abusivas” para los consumidores de Cádiz. Sí, amigo lector, has leído bien, ocho mil quinientos euros de vellón, 1.414.281 de las antiguas pesetas.

La Agencia Española de Protección de Datos entiende que el spam enviado por un menor de edad no es sancionable toda vez que no queda acreditado que el menor conozca las consecuencias de su envío. En otras palabras, una excepción al principio de que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento, entendiendo que a un menor no se le puede exigir conocer la LOPD y la LSSI.

Incluir publicidad en un blog supone el inicio de una actividad económica con importantes repercusiones legales. Las obligaciones indicadas en este post nacen desde el incio de la actividad, debiendo muchas ser cumplidas con anterioridad al mismo. Estas obligaciones son independientes de la percepción efectiva de importes económicos o de su cuantía.

Cada día son más los que se apuntan a enviar su publicidad por correo electrónico, ya que es rápido, sencillo y barato. Muchas de las veces se toman las direcciones de correo electrónico de páginas web, directorios profesionales, o incluso se compran bases de datos a otras empresas. Pero, ¿Estamos infringiendo algún tipo de normativa al realizar nuestra publicidad por este medio?

Incumplir la LSSI conlleva unas consecuencias que pueden considerarse graves o leves y en función a ello sancionarse con cuantías entre 30.000€ y 150.000€. Cada día son más los que se apuntan a enviar su publicidad por correo electrónico, ya que es rápido, sencillo y barato. Muchas de las veces se toman las direcciones de correo electrónico de páginas web, directorios profesionales, o incluso se compran bases de datos a otras empresas. Si no quieres que te sancionen, solicítalo previamente llamando por teléfono o en persona.

Un abogado narra las posibles consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso Ramoncín vs Alasbarricadas.com.

Un segundo motivo para reclamar la retirada, según el PSOE, es que la ley introduce el “ambigüo” concepto de “autoridad competente”, que es quien, según la LSSI, puede decretar el cierre cautelar de una página web. Según el PSOE, la ley no aclara si esa autoridad es administrativa o judicial. “Esta tarea, según la Constitución, corresponde a un juez“, ha explicado Rubalcaba. Estas declaraciones fueron realizadas cuando tocaba decir que no a lo que mas tarde se ha dicho si. Luego tocará decir que sí a lo que más tarde tocará decir que no.

El momento exacto en que todo comenzó a torcerse no está claro, pero puede rastrearse el origen de la guerra hasta el año 2001, año en que Carlos Sánchez Almeida y Javier A. Mestre publicaron un análisis sobre el entonces proyecto de lo que sería la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). En teoría la LSSI era una mera trasposición a la legislación española de una directiva europea que pretendía regular el comercio electrónico, pero según Almeida y Mestre la LSSI iba mucho mas allá...

Me han pedido mi opinión sobre la posibilidad de solicitar por correo electrónico el consentimiento para enviar correos electrónicos de carácter comercial, y si es posible obtenerlo si el destinatario no contesta en el plazo de un mes. Por si hay algun interesado más, aquí va lo que pienso...

Estas acciones online adolecen de serios problemas, tanto en el ámbito de la Protección de Datos, como en el de los Servicios de la Sociedad de la Información, que han supuesto varias sanciones para los responsables de los sitios web, salvo en contadas excepciones.

Incluye todas las modificaciones que esta Ley ha sufrido desde su promulgación hasta el 31 de diciembre de 2007 por las siguientes disposiciones:-Corrección de errores, BOE nº 187 de 6 de agosto 2002-Ley 32/2003, de 3 noviembre...

los artículos 21 y 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) prohíben el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas (SPAM), excepto cuando exista una relación contractual previa.

Tal vez lo que voy a decir le sorprenda a más de uno pero lo he estado meditando y estoy totalmente convencido: los autores, la SGAE y el Gobierno tienen razón. Deben cerrarse todas las webs de enlaces hacia contenido con derechos de autor. Sí, estoy convencido. Y os lo voy a razonar. Aunque, pensándolo bien, ya puestos a modificar la ley, yo propondría no sólo la prohibición de las webs con enlaces sino, directamente, la prohibición total de todas las webs. La prohibición de internet.

Hace unos días, una amiga nos preguntaba nuestra opinión sobre la Ley de Economía Sostenible porque el caso el caso es que en ella (supongo a los lectores informados, tal vez hasta en exceso) ni tan siquiera se nombra a los fotógrafos. Algo que resulta chocante porque una de las primeras experiencias de los usuarios al acceder a la red es hacer clic en una fotografía y seleccionar “Guardar imagen como”. Es algo tan natural que la gente ni tan siquiera es consciente de que está usando usando un material del que no puede disponer libremente.

Cita:[...]Un segundo motivo para reclamar la retirada, según el PSOE, es que la ley introduce el "ambigüo" concepto de "autoridad competente", que es quien, según la LSSI, puede decretar el cierre cautelar de una página web. [...] "Esta tarea, según la Constitución, corresponde a un juez", ha explicado Rubalcaba, quien ha recordado además que ya existen mecanismos para perseguir los delitos relacionados con la información.[...] "El Gobierno no puede aprovechar una ley de comercio electrónico para establecer controles sobre la información" [...]

La Sala de lo Contencioso será la encargada de aprobar las medidas restrictivas propuestas por el Ministerio de Cultura contra quienes pirateen contenidos protegidos. En sólo cuatro días serán oídas las partes y el juez tomará la decisión.

Leo en El País un artículo donde se explica el procedimiento que se seguirá para el bloqueo por parte del Ministerio de Cultura de páginas webs. [...] Para empezar debo decir que lo que dice el titular de la noticia es simple y llanamente opuesto a lo que explica el cuerpo de la misma...

El Gobierno modifica el proceso para bloquear estas páginas e incluye la necesidad de una orden judicial previa para agilizar la ejecución de la decisión.La idea de no tocar más el marco legislativo (la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico) y convertir la intervención de un juez en medida cautelar hace que el desenlace y la toma de la decisión se haga en menos de un mes, y se atajen los posibles daños lo antes posible.

Ya es muy raro que en este país los que salen en los medios quejándose de la “muerte de la cultura” por el “robo y la piratería” son aquellos artistas millonarios y de familias “bien”: Ramoncín, Rosario Flores, Carmen Posadas, Almodóvar, Loquillo, Alejandro Sanz, Víctor Manuel…. Hoy Enrique Dans comenta sobre las mentiras que divulgan estos lobbies. Uno de los lobbies más recientes pero más activos, y seguramente responsable directo del anteproyecto de modificación de la LSSI, es la coalación de creadores.

Una asociación de defensa de derechos de autor presentó una denuncia contra más de 100 páginas webs por presunta vulneración de la LSSI, entendiendo que no se facilitaba la información de contacto exigida por esta Ley. La paradoja: ninguno de los miembros de dicha asociación respeta esa misma Ley. Muchas webs denunciadas son simples blogs dedicados a comentar noticias sobre series o películas sin ofrecer descargas de contenidos. Las multas en algunos casos han superado los 30000 euros.

No se si creer al Gonzalez-Pons que dice que es inconstitucional cerrar webs sin orden judicial y que se reúne y promete con los ”representantes” del grupo manifiesto un posible recurso de inconstitucionalidad... O quizás debo creer al Gonzalez-Pons que propuso y firmó la enmienda 169 del GPP en el Senado en 2002 al proyecto de LSSI (articulo 8), y que decía: "[...] los órganos competentes para su protección,[...] podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación"

(C&P) ¿Quién leches es ese Don Gorder?. Créeme, no es nadie, pero de repente te preguntas si se han vuelto locos y por fin se han dado cuenta de que su visión del negocio de la música es erróneo… O es que realmente la Master Class va por otros derroteros...

(C&P) Anda la red revuelta a causa de la inclusión en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible unas disposiciones finales que modifican la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Tal es el sarao que se ha montado, que incluso circula por ahí un manifiesto contrario a dicha normativa (...)