No aceptamos participar en la regulación de un colectivo que designa la jerarquía eclesiástica para dar clases en centros públicos y cuyas retribuciones se pagan de esos fondos públicos. Por cierto sin ningún control por parte de la Consejería de educación de los criterios que se utilizan para designar a quien ella va a pagar. Esto no sería tolerable en otros grupos de trabajo, pero aquí, y nunca mejor dicho, con la Iglesia hemos topado. Esta disfunción entre quien decide los que trabajan y quien los paga es sencillamente insostenible.
