Sánchez tiene que decidir qué es prioritario para su Gobierno: una ley de vivienda progresista que proteja a miles de familias con un control de precios efectivo o una ley subalterna a los intereses del sector

Hay inmobiliarias que intermedian entre compradores y sector financiero para ayudar a que las transacciones de viviendas lleguen a buen puerto. Pero esta práctica puede provocar conflictos de interés y una extralimitación de competencias, e incluso vulnerar la normativa de protección al consumidor