Hace una década se estableció por ley que no recibirían una pensión, como pedían, para afrontar la vejez que ya les llegaba a los primeros afectados, pero sí serían indemnizados con 12.000 euros por punto de discapacidad reconocido. La ley no se cumplió y en 2018 la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) reclamó ante la justicia. En noviembre del año pasado los primeros afectados comenzaron a cobrar esa ayuda.