El detonante. En marzo de 2020, en plena pandemia, cuando muchas bibliotecas tradicionales cerraron sus puertas y las autoridades animaban a los lectores a quedarse en casa, IA tomó una decisión radical: suspendió las listas de espera e impulsó lo que entonces bautizó como “Biblioteca Nacional de Emergencia”. De forma temporal la organización, sin ánimo de lucro, suspendió de forma temporal los límites de préstamos para 1,4 millones de libros digitalizados. Algunas de las editoriales con más peso en EEUU no tardaron en reaccionar.

A pesar de que sigue el debate en torno a las descargas ilegales, la comunicación pública de obras protegidas por la propiedad intelectual y los servicios de streaming de contenido protegido, la última circular de la fiscalía arroja un poco de luz sobre la responsabilidad penal del usuario final y, sobre todo, de la punibilidad de este tipo de acciones cuando no se busca un beneficio económico. El abogado especializado en derecho digital, David de Maeztu, se ha hecho eco de las pretensiones del ministerio público sobre el tema, y lo cierto...