Esta restricción, que fue impuesta a nivel global a los más de 2.000 millones de usuarios de WhatsApp, levantó muchas ampollas entre algunos partidos de la oposición del Gobierno español y generó una polémica sobre los motivos reales de ponerse en marcha, así como quién la ponía en marcha realmente. Se acusaba tanto al Ejecutivo como a algunos verificadores de contenido -Newtral y Maldita- de censura. Ante estas acusaciones, Facebook, compañía propiedad de la plataforma, salió a defenderse, afirmando que su límite de reenvíos ni es una medida.