La polémica por las residencias de mayores nunca ha dejado de estar presente en la Comunidad de Madrid, pero esta ha cogido especial fuerza desde el coronavirus, cuando el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso firmó los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron el traslado de residentes a hospitales con un número -el 7.291 en referencia a estas persona que fallecieron por la no derivación- que persigue a la presidenta cada vez que este tema sale en el debate político o social.

Las empresas prefieren pagar las multas que priorizar la vida de los residentes en plena ola de calor. Las inspecciones realizadas por la Comunidad de Madrid, bajo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, han revelado condiciones insalubres en varias residencias de mayores. Documentos de inspección muestran temperaturas de hasta 34 grados en algunas instalaciones durante el verano.

La CNMC ha sancionado a un total de siete distribuidoras de alimentos,entre las que se encuentra la empresa Plataforma Femar S.L.,que ha contratado Isabel Díaz Ayuso en diferentes ocasiones para repartir comida en hospitales y residencias de ancianos pese a que ha sido denunciada por distribuir comida podrida.Más Madrid ha registrado en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para exigir al Gobierno de Ayuso mayor control en la contratación y, así, evitar que resulten beneficiarias de contratos públicos empresas que han sido sancionadas

Estas medidas incluyen un "Plan de Actuación de Episodios de Altas Temperaturas" que incluye cambios en el menú de los residentes -con comidas frescas como gazpacho y ensaladas-, zonas de hidratación -donde los residentes puedan ingerir bebidas frescas en cualquier momento- o explicaciones de cuáles son los síntomas de deshidratación a sus residentes para que sepan pedir ayuda, en el caso de que se sientan molestos.

Más Madrid ha recurrido la decisión del PP de Isabel Díaz Ayuso de vetar la comparecencia en la Asamblea regional de la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, experta de la comisión de la verdad en las residencias a la que se negó comparecer en la Cámara al considerar que acabaría hablando de un tema distinto al que la había llevado a ser convocada. El argumento, pronunciado por el presidente de la comisión de Familia y Asuntos Sociales, del PP, y recogido negro sobre blanco en el acta de la reunión que certificó la inadmisión de la iniciativa

La Consejería de Asuntos Sociales lo justifica porque dice que están obligados a requerir estas deudas y que la legislación estatal no estableció ninguna excepción durante la pandemia

Los testimonios de Elvira, de María y de muchos más, están incluidos en el Informe que ha realizado la Comisión para la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid que ha presidido el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín. "Cuando dicen que habrían muerto igual mienten. El 65% de las personas que fueron derivadas a hospitales se salvaron. tomando este dato se podrían haber salvado cuatro mil. Es ley de vida que fallezcan, pero no de la forma en que lo hicieron".

Carmen López, portavoz de Marea de Residencia, ha sido llamada al orden por el diputado del PP Miguel Rumayor por hacer referencia a las víctimas de las residencias durante la pandemia: "Tiene usted que hablar de la situación de las residencias, está usted hablando de un suceso de hace cuatro años"

La actual consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, fue la persona encargada de firmar el contrato del hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para traer mascarillas en lo peor de la pandemia a través de la empresa de un amigo de la familia,

El grupo municipal de Más Madrid ha denunciado ante la Fiscalía las 198 actas policiales de las residencias de la capital que se recabaron durante los primeros meses de la pandemia. Bajo el objetivo de conseguir que se "haga la justicia" y se esclarezca la responsabilidad que los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida tuvieron en el fallecimiento de miles de mayores, Rita Maestre y Manuela Bergerot han puesto en conocimiento del Ministerio Público este dosier.

La presidenta de la Comunidad de Madrid dice que muchas familias prefirieron que sus mayores se quedaran en las residencias porque eran sus casas. Las familias contestan que si eran sus casas tenían que haber tenido médicos porque "todos cuando estamos en nuestra casa enfermos llamamos al SAMUR y viene un médico a visitarnos. A las residencias no mandaron a ni un solo médico".

Condenan la "política de oscurantismo y crueldad" del PP "con la que pretenden pasar página".

La Junta de Portavoces, con los votos en contra del PP, ha rechazado la petición de Más Madrid para celebrar un pleno monográfico para analizar la situación de las residencias en la Comunidad de Madrid.Así lo han explicado fuentes de la Junta, que han precisado que toda la oposición —Más Madrid, PSOE y Vox–– han votado a favor en esta reunión convocada ‘ad hoc’ para decidir sobre el Pleno.

Máxima tensión en la Asamblea de Madrid tras la pregunta de Manuela Bergerot a Ayuso sobre la salud de los madrileños, que ha vuelto a desembocar en la gestión del PP durante la primera ola. Una muy alterada presidenta de la CAM, ha vuelto a reconocer que ella gestionó la situación en las residencias, lo que provocó la tragedia en las residencias de Madrid. "Pablo Iglesias se fue a su casa a jugar a la PlayStation"

El Ejecutivo regional abonó en 2020 por estos servicios a la Iglesia 396.538 euros a pesar de que ese año las residencias estuvieron varios meses cerradas por la pandemia.

La transparencia no es una de las cualidades que mejor definen a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Quedó claro con su expediente académico -cuando la región intentó ocultárselo a una periodista de Newtral- y vuelve a pasar ahora, cuando el tema de las residencias ocupa nuevamente la actualidad madrileña después de que la líder regional haya recurrido a los tribunales para tratar de ocultar las actas de visita. En el tiempo que comprende el texto, que coincide en lo más duro de la pandemia del coronavirus, los...

En marzo de 2020 no existían cifras oficiales sobre cuántos ancianos morían en las residencias víctimas del coronavirus, pero las comunidades autónomas tenían claro que eran uno de los puntos negros del mapa de la enfermedad. Fueron los días en los que los militares entraron en los geriátricos para encontrar ancianos conviviendo con cadáveres, y también los días en los que la Comunidad de Madrid distribuyó unos protocolos que impidieron la hospitalización de miles de personas mayores que acabaron muriendo en las residencias sin acceso a un resp

Por primera vez un juzgado de instrucción ordena la investigación de Ayuso por los “protocolos de la vergüenza”, que condicionaron el traslado de residentes enfermos en función de sus características físicas o cognitivas.

"Lo peor es que muchos no morían de coronavirus, morían por hambre y por la falta de atención médica", explica Lola Villarrubia, sanitaria. Maripaz Villanueva, que también se ha desplazado a los juzgados donde declaraban Mur y Reyero, denuncia que "han sido decisiones políticas, no sanitarias, las que han decidido el futuro de enfermos"."La responsable de las muertes indignas es la Comunidad de Madrid y no dice nada, Ayuso no tiene vergüenza"

La aplicación servía para que los ciudadanos avisaran al Ayuntamiento de los lugares con alcorques vacíos y otras incidencias del arbolado. El área de Medio Ambiente asegura que la ha dado de baja porque ya no funcionaba correctamente y que prepara otra de reemplazo.

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Ayuso, ha dejado de recaudar 1.260 millones de euros del Impuesto de Patrimonio el pasado 2022, según los datos de la Agencia Tributaria (AEAT) conocidos este miércoles. Otras dos comunidades populares, también han renunciado a ingresos procedentes de este polémico impuesto: Andalucía (presidida por Juanma Moreno), que al igual que Madrid tiene gravamen cero, ha dejado de ingresar 97 millones, y Galicia (dirigida por Alfonso Rueda), que cobra el impuesto parcialmente, pierde 23 millones de los 92...

El instituto de FP a Distancia Ignacio Ellacuría se construyó a dedo y, para poder pagarlo sin levantar sospechas, Educación ingresó el dinero a un instituto de Móstoles al que ordenó pagar esas obras de Alcorcón

Desde Vigo y a causa de la crisis que mantiene su empresa de geología a medio gas, Pazos se ha dedicado a su hobby: la investigación histórica. Y ha escrito un ensayo, "Madrid es una isla. El Estado contra la ciudadanía", en el que expone con cifras y datos cómo gracias al secuestro de los órganos de poder se ha creado en Madrid una trama de instituciones e intereses mediante la cual el complejo político-económico español gobierna el país en su propio beneficio. “Madrid se ha convertido en el gran problema político de los españoles"

Este recorte no es un simple error administrativo. Es una clara traición a las promesas hechas a la ciudadanía madrileña y un ataque frontal al sistema educativo público. A esto se suma el anuncio de la creación de un CEIP en Navalafuente y cuatro IES en Morata de Tajuña, Campo Real, Loeches y El Boalo. Pero, ¿dónde están los fondos para construirlos? Ninguna de estas inversiones aparece en el Anexo de Inversiones del Presupuesto 2024, lo que pone en evidencia la improvisación y la falta de compromiso real por parte del gobierno regional.

Los camiones que trabajan en la Ciudad del Deporte colchonera usan como escombrera un entorno ajeno al proyecto y puesto en valor hace dos años por concejales de Ciudadanos, durante el primer mandato del alcalde.

Los conservadores frenan una comisión en la Asamblea al considerar que el Gobierno actual no es responsable de la gestión de los precedentes.

Dos periodistas de RNE reconstruyen en un minucioso relato la última vez que se robaron unas elecciones en España: el formato incluye entrevistas a los protagonistas de aquel golpe, incluida una conversación con la otra diputada del PSOE que protagonizó la espantada y que cuenta cómo la engañaron para impedir el Gobierno de izquierdas y la mantuvieron al margen de todo

“Aborto libre en la sanidad pública para todas” será el lema de la manifestación convocada por la Comisión madrileña por el Derecho al aborto. Como todos los años, pero este con especial anticipación, la comisión anuncia y confirma que la manifestación comenzará a las 18 horas del día 28 de septiembre, con un recorrido que comprende desde la Glorieta de San Bernardo hasta el Ministerio de Justicia. Para la Comisión: “A la amenaza que supone el auge de una ultraderecha que hace de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres"

El curso académico 2024-2025 en la Comunidad de Madrid no está exento de polémica. El punto de fricción se encuentra en la asignatura de Geografía e Historia, por dos motivos: el bilingüismo “a la madrileña” -así lo definen los detractores de la decisión de Educación, que pasa porque parte de la asignatura se imparta en inglés y parte en castellano- y los conceptos que los alumnos van a recibir en la materia.

La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, tapaba con lonas las viviendas afectadas por las obras de la línea 7 de Metro. Las telas gigantes, catalogadas por los principales damnificados por estas operaciones como las lonas “de la vergüenza”, caían esta semana, dejando con ello al descubierto la situación en la que se encuentran los edificios.

Hasta 65 grados en Callao, 63,5 en la Plaza Mayor y 54,8 en la Puerta del Sol de Madrid. Estos son los datos que ha registrado este miércoles la organización Greenpeace en plena ola de calor. La entidad ecologista ha medido, a través de cámaras termográficas, el calor extremo al que se está viendo sometida la capital para instar al Gobierno municipal de José Luís Martínez- Almeida a la "imperiosa necesidad" de repoblar las zonas verdes que aseguren sombra y resguardo en la capital.

El Ayuntamiento de Madrid ha modificado el importe de adjudicación de la concesión, un cambio que comunicó a Europa justo antes de conocerse la sentencia que anula el contrato

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha asegurado que la Operación Campamento será "un antes y un después en la política pública de vivienda" y ha instado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a trabajar para que la vivienda en la ciudad "no signifique un problema o un lujo al que no pueda llegar la mayor parte de la ciudadanía". La edil ha recordado que de la mano de este proyecto se construirán 10.700 viviendas en el suroeste de la capital, el 60 por ciento de ellas protegidas