Las críticas del PP hacia el pacto ERC-PSC son, a todas luces, incoherentes. Mientras denuncia el acuerdo catalán por supuestamente romper la igualdad y el modelo de financiación, sus propias medidas han perpetuado y exacerbado las desigualdades económicas y territoriales en España. La eliminación de impuestos a los ricos y la reducción de recursos para las comunidades autónomas son estrategias que favorecen a las élites económicas, limitando el acceso equitativo a servicios y oportunidades para el resto de la población.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño sugiere que la ley electoral favorece a las formaciones independentistas, como ERC, Junts o EH Bildu, en las elecciones generales. Los datos, sin embargo, demuestran lo contrario.

Fue allí donde se produjo el “hallazgo casual”, tal y como se recoge en un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, de unos correos electrónicos sospechosos del año 2013 que servirían para abrir una nueva pieza que se mantiene secreta. Es en esta donde se investiga la trama “cuya finalidad no sería otra” que la de intervenir e influir en reformas legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Aggim).