El PSdeG ha registrado en el Parlamento una solicitud formal para obtener la documentación relativa a los contratos "menores, ordinarios y urgentes" adjudicados por el Gobierno gallego a las empresas Eulen y Universal Support entre los años 2018 y 2024.

Sigue dando que hablar el chorreo de contratos adjudicados por la Xunta de Galicia a Eulen, la empresa en la que trabaja Micaela Núñez Feijóo, la hermana de Alberto Núñez Feijóo. Y uno de los aspectos del caso que más llaman la atención es que, de una manera o de otra, los contratos públicos terminan en manos de la empresa del líder del PP a pesar de que no es la oferta económicamente más conveniente para las arcas de los contribuyentes gallegos.

Eloína Núñez, exconcejala del PP en Ourense y médica de profesión con plaza de técnica superior de salud en el Servizo Galego de Saúde (Sergas), ascendió a la gerencia de los hospitales de Ourense pocas semanas después de que su primo alcanzara la presidencia de la Xunta, en mayo de 2009.

Sin embargo, en estos movimientos propios del inicio de cualquier legislatura, uno de los más llamativos es la salida de la gerencia del área de Santiago de Eloína Núñez, prima de Alberto Núñez Feijóo y que ha ocupado este puesto en los últimos siete años y siempre rodeada de polémica. La última es la que le ha costado el puesto y tiene que ver con la demora en la atención a enfermos de cáncer en el hospital santiagués, lo que provocó semanas atrás protestas de los afectados y sus familias.

Así lo asegura un informe del Consello de Contas de Galicia que alerta, además, de que entidades, que durante los mandatos de Alberto Núñez Feijóo en Galicia (2009-2022) llegaron a gestionar más del 15% del presupuesto autonómico, usaron los contratos menores de manera irregular. El Consello de Contas de Galicia alerta de que el 46% de los expedientes de licitación abierta de ese año incluyeron criterios de adjudicación susceptibles de anulación y que la mitad de esos entes usó los contratos menores de forma irregular.

Denuncian que la Xunta de Galicia miente sobre la cantidad de contratos que firmó con la empresa Sibucu 360 durante la pandemia, resucitando las dudas sobre la transparencia del proceso entre las partes. Fuentes consultadas lamentan que la administración gallega cerró acuerdos antes de lo indicado, mientras la Xunta y la firma defienden que el proceso entre las partes fue transparente

La empresa Eulen, capitaneada en el norte del Estado por Micaela Núñez Feijóo, se llevó 1.311 contratos adjudicados sin concurso por un valor total de 4.832.029,85 euros repartidos entre todas las administraciones dependientes del Gobierno gallego.

La Xunta de Galicia reconoce que algunos contratos vinculados con el narcotraficante Marcial Dorado no se enviaron en la documentación remitida a los grupos de la oposición por las "inundaciones" que afectaron al archivo de Coia, en Vigo, donde estaban almacenados. Para Yolanda Díaz, esto demuestra que "sí se destruyeron" expedientes y pregunta por "quién" es el responsable" de la eliminación de documentos. Además, a su juicio, clarifica las palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando dijo que habían sido "destruidos"...

E"Este nombramiento pone de manifiesto la connivencia entre la Xunta y las empresas energéticas y pasteras y las puertas giratorias entre PP y Ence", ha aseverado Bará, que ha subrayado que la afirmación de que "las grandes empresas tienen una silla en el Consello de la Xunta es una verdad como la copa de un eucalipto".

La Guardia Civil incopora al caso el testimonio de la funcionaria que actuaba de "mano derecha" de Ana Millán en la época de los contratos adjudicados a Francisco Roselló, el empresario que pagó a la ex alcaldesa de Arroyomolinos, su hermana y su pareja más de 200.000 euros tras recibir 600.000 en contratos del municipio

Sumar, en una iniciativa impulsada por Izquierda Unida, ha presentado este jueves un escrito dirigido a la Mesa del Congreso para que el Ministerio de Defensa dirigido por Margarita Robles responda a una serie de preguntas sobre los contratos que el Gobierno español sigue firmando con empresas armamentísticas de Israel.

1º.- Para beneficiar económicamente a su familia– Feijóo cede la gestión de las 50 residencias sanitarias públicas a la empresa Eulen. 2º.- Para favorecer con dinero público la empresas privadas (que recorta de la Atención Primaria). Núñez Feijóo, como otros muchos políticos neoliberales, no tiene ningún interés en la Sanidad Pública ya que como paciente utiliza la sanidad privada cuando tiene problemas de salud, como en su reciente intervención por desprendimiento de retina.

El Gobierno dirigido por Alfonso Rueda suprimió una tarjeta para la compra de alimentos y el complemento al bono térmico y ha llevado la Risga a un descenso en el número de perceptores

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pondrá en marcha a partir de septiembre una serie de medidas destinadas a investigar a fondo dos casos que han generado una gran controversia: los contratos adjudicados por la Xunta de Galicia a empresas vinculadas a la hermana de Alberto Núñez Feijóo y los pagos recibidos por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por parte de Quirón Salud.

La Xunta de Alfonso Rueda ha adjudicado, en apenas dos años, más de 17,3 millones de euros a Eulen, la empresa de la que es directiva Micaela Núñez Feijóo, hermana de su antecesor y actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Esa cantidad, canalizada a través de 175 contratos suscritos entre mayo de 2022 y junio de 2024, se suma a los más de 37 millones que la compañía recibió durante los mandatos de éste último.

El Gobierno gallego concedió la compatibilidad a Patricia Argerey, que fue directora de la Axencia de Innovación hasta abril y que ahora trabaja para una empresa del mismo grupo al que adjudicó un contrato millonario para el desarrollo de vehículos no tripulados.

La campaña publicitaria pretende hacer un juego con la terminología de la aplicación Tinder y coloca la imagen de una llama sobre una fotografía de la frondosa Ribeira Sacra

El partido Más Madrid ha decidido llevar al Tribunal Constitucional (TC) el bloqueo por parte del Partido Popular (PP) de Isabel Díaz Ayuso a las iniciativas destinadas a investigar los contratos realizados durante la pandemia de la covid-19 en la Comunidad de Madrid. Este movimiento se produce después de que la Mesa de la Asamblea de Madrid, controlada por el PP, rechazara de manera sistemática las propuestas presentadas por los progresistas para establecer una comisión de investigación al respecto.

Plataforma Femar ha resultado adjudicataria de uno de los tres lotes que la Comunidad de Madrid sacó a licitación en verano del pasado año. Los pliegos técnicos señalan expresamente los requisitos de salubridad exigentes, sin embargo el criterio que realmente se ha tenido en cuenta para calificar las ofertas ha sido el precio. Presentar la candidatura más barata suponía obtener 100 puntos, el máximo posible en este tipo de concursos. Así, esta empresa presentó una oferta con una bajada en el precio de cerca del 32% sobre los 95.182 euros

El fraccionamiento de contratos –el mismo hecho que acabó con la condena a cuatro años de cárcel para Laura Borrás– se utilizó al menos en dos construcciones de centros de FP en Madrid. Se dividieron obras millonarias en facturas de menos de 40.000 euros para eludir todos los controles y la Fiscalía ya investiga uno de los casos

Turismo quiere estudiar los casos uno por uno, mientras el Consistorio exige a la administración autonómica que cumpla su propia ley y borre del registro a las viviendas sin licencia municipal o a las que están en zona prohibida, como las 250 del Casco Histórico.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido en que el gobierno autonómico "no autorizará ninguna industria, ni actividad que no cumpla" con la normativa medioambiental. Así lo ha hecho en una entrevista en la Radio Galega recogida por Europa Press en la que ha sido cuestionado sobre ley de simplificación de trámites ambientales que supondrá, ha defendido, "darle más facilidades" a los que quieren emprender.

Alfonso Rueda destina a los partidos con representación parlamentaria 2 millones de euros, la misma cantidad en subvenciones directas sin concurso que entrega a los editores que lo apoyan. El Diario Oficial de Galicia publicó el pasado martes una resolución de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Parlamentarias por la que anuncia la entrega dos millones de euros en subvenciones a los partidos políticos con representación en el Parlamento de la Comunidad Autónoma con cargo al ejercicio de 2023. Se trata de la misma cantidad que

Galicia cumple 15 cursos desde que Feijóo eliminó la gratuidad de los textos escolares en 2009. La Xunta de Galicia entregará el año que viene 6 libros de texto usados y un bono de 75 € para material escolar a los alumnos de secundaria y de los 4 últimos cursos de primaria que pertenezcan a familias con rentas inferiores a los 6.000 € anuales por cabeza. Esto contradice el discurso estatal de Feijóo, que en septiembre de 2022 reclamó al Gobierno que articulara una ayuda universal de 200 e por alumno para la compra de libros y material escolar

Mariña Patrimonio (MP) y la Asociación Ecologista de Galicia (Adega) afirmaron este jueves que el Castro da Trinidade, en Mondoñedo, disponía de "al menos seis informes que confirman su existencia", por lo que instan al Servicio de Patrimonio de Lugo a "explicar" el motivo "intentó eliminar" el sitio de la lista en 2016.