Ataviados con las togas que tienen la obligación de vestir durante los actos procesales, jueces y fiscales se han manifestado ante las sedes de juzgados y tribunales; sus salas de gobierno han emitido contundentes comunicados contra una ley cuando ni siquiera se conocía, y los portavoces de las principales asociaciones del ámbito judicial, e incluso jueces y fiscales a nivel particular, se han prodigado en entrevistas, artículos o mensajes en redes sociales alertando sobre la supuesta “aniquilación de la separación de poderes”.

La ley del Poder Judicial castiga como falta grave la “censura a las autoridades y poderes públicos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esa condición”. Pese a estas limitaciones que impone la ley, las cúpulas judiciales conservadoras censuran estos días ―con pronunciamientos, firma de comunicados y protestas en la calle― a las autoridades y poderes públicos que han impulsado la ley de amnistía y acordado la investigación de casos de persecución judicial a políticos.