Tras la catástrofe, la empresa exigió a la Mancomunidad de Debabarrena la devolución de una fianza depositada como garantía de un contrato que no podía cumplir desde febrero del 2020. La gestora del vertedero había recibido cientos de miles de euros en contratos públicos de esta entidad pública. Otra de las entidades públicas que adjudicó contratos a Verter Recycling era la Mancomunidad de Debabarrena, entonces presidida por Arcadio Benítez, un exedil del PSE del Ayuntamiento de Eibar.

Los «dedazos» políticos en entidades públicas no son una novedad. Colocar a personas afines al mando de empresas públicas con astronómicas retribuciones anuales es algo muy repetido cuando se llega al poder. Este es el caso de ENUSA Industrias Avanzadas S.A., una sociedad dedicada a la explotación del uranio propiedad del Gobierno de España. Al frente de ENUSA está desde 2018, José Vicente Berlanga Arona, un íntimo amigo del exministro José Luis Ábalos Meco colocado en la presidencia de la empresa energética tan solo un mes después de la llegad

Algunos vende-humos claman contra los abusos de la banca exigiendo una banca pública, sin ruborizarse por el hecho de que el primer banco de España tenga una altísima participación accionarial del Estado. Son los mismos que piden la creación de una empresa pública de energía sin explicar que Endesa, la mayor eléctrica del país, ya es una empresa pública propiedad del Estado Italiano. Los miles de trabajadores de las fábricas de la Citroën en Vigo o de la Opel en Zaragoza son explotados en buena parte por el Estado Francés, principal accionista.

La nueva entidad asumirá el transporte sanitario a partir del 31 de marzo, fecha en la que finaliza el contrato con Ferrovial, y posteriormente, el 112

ERC y PNV rechazan la propuesta de crear "Producción eléctrica española" para gestionar las concesiones hidraúlicas que venzan. Ribera prepara cambios en la tarifa regulada: 10,6 millones de consumidores

¿Conocéis el deporte nacional de las licitaciones «fake» y los empresarios que «compiten» consigo mismos

Se trata de una medida a largo plazo con el objetivo de tener más capacidad para frenar las escaladas en el precio de la luz que se puedan producir, como la que se está viviendo en la actualidad.

Durante los últimos años, el Gobierno del PSOE ha ido colocando a distintos miembros del partido al frente del variopinto entramado de empresas públicas. En este vídeo repasamos los principales nombramientos y sus muy cuantiosas remuneraciones.

España pasó de tener 130 empresas públicas en 1982 a tan solo 16 en el 2016. Esto nos convirtió en el país de la UE con menos empresa pública.

Lorena del Río, arquitecta y esposa del mejor amigo de Pedro Sánchez, Ignacio Carnicero, acaba de encontrar acomodo en la Administración, como ya hiciera su marido. Ha sido colocada como directiva en la empresa pública Segipsa, dependiente del Ministerio de Hacienda. En el currículum oficial de la arquitecta, de 39 años de edad, no aparece trabajo alguno en la línea del cargo directivo que le han otorgado, relativo a la gestión inmobiliaria. Su experiencia profesional se circunscribe al despacho que fundó con su marido y su trabajo como profes

Almeida y Serrano nos dijeron que la Fórmula 1 no iba a costar un duro de dinero público. Hoy sabemos que los primeros 47 millones meteran a IFEMA (62% de financiación pública madrileña) entrará en números rojos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prepara el último golpe para ejercer su control sobre la radio y televisión públicas de Galicia, inmersas durante años en polémicas por las denuncias de manipulación y control sobre el ejercicio profesional de los trabajadores que trabajan en ambas empresas públicas. Rueda ha decidido dar el paso al que Feijóo nunca se atrevió y propondrá al Parlamento una reforma legal que le dota de poder absoluto para nombrar por mayoría simple al nuevo director general de la corporación.

A través de su portavoz, Lin Jian, China denunció que la difusión de información falsa y la manipulación de la opinión pública para incriminar y reprimir a otros países, se han convertido en prácticas habituales de Estados Unidos. Sin embargo, el mundo ya es consciente de estas tácticas, poniendo fin a sus engaños para imponer su agenda.

La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza de su gobierno, ha dejado recientemente la alimentación de las residencias -en el sentido más amplio de la palabra, no solo en lo que a centros de mayores se refiere- en manos de las compañías que servían comida podrida en estos lugares, motivo que les ha costado una abultada sanción económica por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

"Los turistas en la Comunidad de Madrid, insisto, son bienvenidos todos y a pesar de las pretensiones del Gobierno por complicar la vida a todo aquel que tiene una empresa, que tiene un proyecto y, por lo tanto, alguien que va a ser sospechoso, al que habrá que fiscalizar y meterle la mano", ha dicho la presidenta.

Fíjate si el Gobierno persigue a Nacho Cano por ser seguidor de Ayuso que sus empresas públicas patrocinaban su negocio. Renfe ha dejado de patrocinarlo tras sus incendiarias declaraciones, el resto deberían hacer lo mismo.

Solo una persona muy inculta y con cero empatía es capaz de leer esto, y criminalizar a los currelas que quieren menos horas de horario laboral. Lo más patético de todo esto, es que esos currelas la seguirán votando por la libertad. Por la libertad de sus jefes. Además habla de quienes han creado empleos y se han arriesgado. Ella, lo dice ella, que ha vivido toda la vida de la teta pública.

Por primera vez, El Confidencial accede a más de 6.900 pagos a medios realizados desde Moncloa. Una información inédita hasta el momento que abarca 17 ministerios y 190 millones de euros

Belarra le cita a Robles los nombres de 3 empresas israelíes con las que España mantiene la compraventa de armas

Solo el streaming del acto supuso 3.000 euros de gasto que se pagó a una empresa de Jaume Roures. También se destinó dinero a maquillaje (una sesión de belleza por 135 euros) y seguridad. Todo a costa del erario público