Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado por cerrada la vía para que los cooperativistas accedieran a la propiedad de la tierra tras un proceso que había durado varios años, una ley de 2011, con el PSOE, y un decreto de 2021, ya con el PP, permite al Gobierno de Moreno Bonilla, –la administración andaluza es la dueña de las 1.200 hectáreas que trabajan las cooperativas en régimen de concesión– desalojar y vender las tierras. "El futuro ya se verá, pero el diálogo es ahora lo más importante"...