El Ejecutivo andaluz destinaría más de 100.000 euros mensuales de fondos públicos a las ayudas al alquiler de sus cargos en la Junta. La Junta de Andalucía del presidente popular de Juan Manuel Moreno Bonilla ha vuelto a conceder a altos cargos del Gobierno regional indemnizaciones que llegan a alcanzar hasta 1.500 euros mensuales por vivienda o alojamiento a título individual. En total, en los últimos meses ha concedido hasta 98 de estas denominadas 'casas gratis'.

Raquel Sánchez será asesora técnica en Presidencia después de ocupar ilegalmente dos cargos públicos y ser cesada hace apenas un mes

La empresa privada participada por un alto cargo del Ejecutivo valenciano de PP y Vox, presidido por Carlos Mazón, ha obtenido un contrato de una fundación pública de 953.724 euros. Es la mayor adjudicación de la administración autonómica que ha recibido la firma desde su creación hace 11 años. El secretario autonómico de Planificación, Información y Transformación Digital de la Conselleria de Sanitat, el médico Bernardo Valdivieso, nombrado el pasado 26 de julio, posee un total de 9.195 participaciones de la empresa Mysphera SL...

Recopilatorio de noticias de este mes donde autoridades políticas identificadas participan en actos confesionales ostentando sus cargos públicos. Estas autoridades están practicando un clericalismo que puede considerarse directamente confesionalismo.

La Diputación de Ciudad Real, gobernada por PP y Vox, ha realizado una campaña de publicidad institucional dirigida a la provincia. Entre más de 40 medios locales y regionales ha destinado dinero también a 'Estado de alarma', el portal de Javier Negre, y a una web de eventos taurinos

Para esta campaña impositiva, la Iglesia ha producido un audiovisual publicitario para animar a marcar la X de la Iglesia con la intención de generar en el espectador la falsa impresión de objetividad y veracidad de su mensaje, presentándolo con formato de documental.

La ministra ha justificado el cierre de camas del hospital de Vall D'Hebrón porque "todos los veranos se cierran".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) autorizó este miércoles una movilización el próximo sábado, jornada de reflexión, para “rezar el rosario” en la calle Ferraz. Una decisión inédita que ha levantado polvareda por la clara orientación política de la convocatoria. Para añadir más picante a la queja, la ponente de la sentencia es Guillermina Yanguas, alto cargo del Gobierno de España durante la etapa del expresidente Mariano Rajoy y de la Comunidad de Madrid durante la presidencia de Esperanza Aguirre

Baldoví acusa a los populares de haber ido a “aplaudir a Ayuso” con dinero de todos los valencianos

En Europa Laica, como en años anteriores, cuando se acerca el periodo de matriculación para todos los ciclos de enseñanza obligatoria, comenzamos la campaña “No les matricules en religión”.

"Ese año se realizan 247 llamadas entre Triana y él y 397 mensajes", desvela Susana Martín, que señala que "es curioso porque el día antes del asesinato hablaron hora y media y el mismo día del crimen, por la mañana, unos minutos". "No insinúo que haya ninguna vinculación con el asesinato", aclara la periodista, si bien afirma que es "extremadamente llamativo que a esta persona no se la llamó a declarar en ningún momento".

PSOE, Mas Madrid y Vox de Las Rozas solicitan al alcalde que reabra las urgencias del centro de salud de Las Rozas, pero la mayoría absoluta del PP ha tumbado la propuesta pese a más de 3.000 firmas para su reapertura y que no ocurra como en Majadahonda, donde un hombre murió en las puertas del Centro de Salud sin médico de urgencias. El desmantelamiento de la Sanidad Pública del gobierno de Ayuso ha provocado la convocatoria de otra gran manifestación este domingo en Madrid. El gasto por habitante en Madrid es un 30% inferior al de la media

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recriminado este jueves a la ministra de Sanidad, Mónica García, querer «desguazar» toda la colaboración público-privada del sistema sanitario que «está funcionando». Así lo ha apuntado durante la sesión de control que se celebra en la Asamblea de Madrid, en la que Ayuso ha hecho referencia la actuación del Ministerio de Sanidad quiere blindar la sanidad pública mediante una ley de Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS)

Conseguir plaza como nuevo alumno en las escuelas infantiles públicas de Madrid resulta cada curso más complicado. De cara al próximo (2024-2025) alrededor de 11.400 familias se han quedado sin acceso a este recurso municipal, lo cual supone un incremento del 15% respecto al año pasado, según datos del Ayuntamiento de la capital sobre los niños y niñas admitidos provisionalmente en este servicio. De los 14.619 solicitantes de estas plazas para nuevos alumnos apenas el 22%, 3.160 personas, han conseguido acceder.

El juzgado de instrucción número 2 de Santiago investiga si se cometió un delito de prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias en la adjudicación de un concurso de la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, dependiente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), para el servicio de transporte sanitario urgente en el año 2014, cuyo montante asciende a 121,6 millones de euros. Ambos vehículos estarían, de este modo, matriculados y rotulados casi medio año antes de que la Administración resolviese la adjudicación

"Hoy sacamos a consulta pública la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud que va a poner coto a este lucro incesante que han ido abonando las diferentes formas de gestión de nuestra sanidad”, ha anunciado García, asegurando que esta “será un carpetazo a la ley 15/1997 que abría la puerta a modalidades que han deteriorado nuestro sistema nacional de salud”. La ministra de Sanidad se compromete, de esta manera, a dar cumplimiento a uno de los puntos contemplados en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar.

Madrid, Baleares, Cataluña y Andalucía son las comunidades que, como viene siendo habitual en los últimos años, más tiran de la sanidad privada, según el informe presentado este miércoles por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que, en el extremo contrario, sitúa a Castilla- La Mancha, Extremadura y Navarra.

Desde ‘La Voz de Galicia’ hasta el canal de extrema derecha de Javier Negre, los últimos dos presidentes de la Xunta de Galicia han repartido entre la prensa más acrítica con la gestión de sus gobiernos al menos 3.686 contratos sin concurso previo.Esta síntesis ha sido posible gracias al análisis de 1.034.964 contratos menores realizada por El Salto en el que se ha revelado que al menos 3.686 de esas licitaciones.

La entrada de PP y Vox en el Gobierno de Aragón arranca el flujo de contratos de publicidad con OkDiario, Estado de Alarma, Periodista Digital o El Debate. Estado de Alarma, de Javier Negre, ha obtenido 4 contratos menores por 25.748,95 € entre el último trimestre de 2023 y el 1er trimestre de 2024. Eduardo Inda y OkDiario obtuvieron 5 contratos por valor de 41.321 € y Periodista Digital 12.640 € por 2 contratos en 6 meses. El Debate ha obtenido un único contrato durante el primer trimestre por 4.235 €.

La consigna de la marcha es: “En defensa de la universidad pública argentina”. A las 15.30, la movilización partió desde el Congreso hacia Plaza de Mayo. Un rato antes, ya había concentraciones frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Arribaron a las inmediaciones de la Casa Rosada minutos antes de las 17.A las 18, se leerá un documento compartido para exigir más presupuesto.

Sólo el personal eventual percibe un millón de euros más que los cargos electos Tres directores cobran más que el alcalde y trece que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

RTVE tiene 6542 trabajadores, más del doble que Atresmedia y Mediaset juntos, pero dando índices de audiencia más bajos. Junto con las autonómicas, la televisión publica cuesta a cada español unos 45€ al año (precio no muy lejano por el que una familia entera podría pagar una plataforma de streaming), dos mil doscientos millones en total, los cuales podrían duplicar el gasto estatal en justicia, el gasto estatal en acceso a la vivienda y edificación, construir una central nuclear cada dos años, pagar 58 leyes ELA, o contratar a 20.000 médicos.