En un comunicado, explica que su proposición de ley busca garantizar la aconfesionalidad el Estado y avanzar hacia su laicidad y considera que hay un "amplio consenso social" para poner fin a los "privilegios" de la Iglesia católica en España, que considera una "anomalía democrática" También plantea eliminar la enseñanza de la religión del sistema educativo, recuperar el patrimonio inmatriculado por la Iglesia católica y promover la investigación de los abusos sexuales cometidos en su seno.
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