El exparlamentario del PP, a un paso de ser juzgado por prevaricación y malversación. Así, y según la resolución judicial, en marzo de 2017 Casero contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto. En septiembre de 2017 firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta al servicio económico y jurídico municipal.
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