PSOE y Unidas Podemos no aflojan la presión sobre el PP para renovar el Consejo del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces que lleva dos años con el mandato prorrogado. Los dos socios del Ejecutivo reclamaron este lunes a la presidenta del Congreso que habilite enero para tramitar con urgencia la reforma que limita las competencias del Poder Judicial de manera que no pueda nombrar cargos cuando tiene, como ocurre ahora, el mandato caducado. Podemos amenaza, además, con activar la ley que permite la renovación con mayoría absoluta

"Hemos sido pioneros en la gestión de este virus en España, tanto en la primera como en esta segunda ola", ha asegurado Ayuso, con una hoja de ruta basada en la "apuesta por la capacidad diagnóstica para frenar el coronavirus"

Intervención de Pedro Sánchez donde se menciona que en solo 1 año, la ciencia ha encontrado la vacuna. Lección: No engañar a la sociedad con relatos falsos. Hay una Estrategia Nacional de vacunación. ¿Es que no se leen el BOE?

NEl PP se enroca con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo a sabiendas de que su actitud no tiene en principio castigo alguno. No hay ningún poder democrático que pueda continuar haciendo las mismas cosas cuando queda en funciones por fin de su mandato.

El PP "descarta absolutamente" que haya un acuerdo para la renovación del CGPJ antes de fin de año Génova asume públicamente que hay "desgraciadamente" legislatura para largo

El Washington Times ha informado de que Judicial Watch ha encontrado a 1,8 millones de “votantes fantasma” en 29 estados y ha advertido sobre estas “sucias” elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que todavía no se conoce al ganador. Esta entidad, que investiga supuestas faltas en la conducta de funcionarios gubernamentales, ha publicado un estudio comparativo entre las estadísticas de población de la Oficina del Censo y los datos de registro de votantes estatales, y ha revelado una disparidad notable.

La negociación abierta entre PSOE y PP para la renovación del Consejo del Poder judicial debe incluir (1) la inmediata puesta en práctica de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) ; (2) el establecimiento de mecanismos de renovación alternativa del CGPJ en el caso de que los partidos no se pongan de acuerdo; (3) la prohibición de reingreso en la carrera judicial, al menos durante dos años, de aquellos jueces, magistrados o fiscales que hayan participado activamente en política. Y con carácter retroactivo.

El CGPJ sigue designando cargos en la cúpula judicial sin atender al resultado de las negociaciones para su renovación. Los nombramientos salen adelante con amplia mayoría con el respaldo de todos los vocales conservadores y parte de los progresistas

Casado se aferra al proyecto europeo y al Estado autonómico para marcar diferencias con Abascal pero a ambos les une mucho más de lo que quieren reconocer en pleno estallido de hostilidades por el liderazgo de la derecha Los dos partidos discrepan sobre todo en torno a la mejor estrategia para alcanzar el poder en las elecciones pero coinciden por completo en que la prioridad es impedir la formación de gobiernos de izquierdas

Advierte que la iniciativa del Gobierno de coalición dirigida a rebajar la mayoría suficiente para renovar a los miembros del Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros "y puede resultar en una violación del Consejo de Europa estándares anticorrupción" Recuerda asimismo que GRECO ha subrayado repetidamente que las autoridades políticas no deben participar, en cualquier etapa del proceso de selección del turno judicial.

Empieza a haber señales de ello después de las últimas advertencias de Bruselas, pero primero deberá debatirse y votarse en el Parlamento -los próximos días 21 y 22 de octubre-, la moción de censura presentada por Vox. La aguja del manómetro que mide la presión ya se halla en franja roja.

La Comisión Europea ha lanzado un evidente aviso a España en forma de luz roja al proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Bruselas había urgido a la renovación del órgano judicial, pendiente desde 2018, pero considera que la vía emprendida para hacerlo por el Gobierno de Pedro Sánchez puede poner en peligro la independencia judicial y agravar la impresión de que el CGPJ es vulnerable a una politización.

El Gobierno ha buscado un atajo rápido para esquinar posibles obstáculos a su deseo de cambiar las normas para elegir a los magistrados que conforman el órgano de gobierno de los jueces y restringir sus competencias cuando se encuentra en funciones. El Ejecutivo pretende lavarse las manos y por ello ha dispuesto que sean los dos grupos parlamentarios que le sostienen en la Cámara los que, utilizando el instrumento de la proposición de ley apadrinen la iniciativa de reforma del CGPJ con la que Pedro Sánchez quiere neutralIzar el bloqueo del PP.

Esta lamentable situación también se explica en parte por una ciudadanía que ha sido poco exigente con las maniobras de control del sistema judicial. La tónica general ha sido que las injerencias son positivas si las perpetra el partido al que se respalda (siempre habrá alguna justificación comprensiva), pero negativas si las lleva a cabo la formación contraria. Las mejoras estructurales que nos acerquen a las prácticas europeas no vendrán voluntariamente de los partidos. Solo se producirán a través de la presión ciudadana. Algo difícil.

España se dirige a un doloroso suspenso en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Como el resto de países europeos, hace diez años adquirió el compromiso de reducir la población que enfrenta esta enorme precariedad en la Estrategia Europea 2020, pero no solo no ha alcanzado la meta fijada sino que ha empeorado su situación desde el punto de partida. España tenía que reducir en 1,5 millones las personas en riesgo de pobreza y exclusión este año respecto a los niveles de 2008, pero en 2020 hay millón más de personas en esta situación

La Asociación Europea de Jueces criticó este martes que PSOE y Podemos hayan presentado una proposición de ley en el Congreso para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pueda ser renovado por mayoría absoluta de Congreso y Senado en caso de que no se puedan reunir los tres quintos de estas Cámaras.Esta entidad europea de letrados expresó su “gran preocupación” por esta reforma, ya que puede suponer que “España esté dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia del Poder Judicial”.