El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que su formación llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda y no la aplicarán en sus comunidades autónomas. A su entender, "este intervencionismo es suicida" y demuestra que España tiene "el Gobierno más radical de la Unión Europea".

Pocas horas han tardado desde los partidos de derecha en revolverse contra la nueva Ley de Vivienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos. Tanto PP como Cs ya han anunciado que boicotearán la reforma en los territorios que gobiernan. Además, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, ha avanzado en El Programa de AR (Telecinco), que llevará la ley al Tribunal Constitucional, siguiendo una estrategia recurrente en los populares.

Hubo órdago público y en privado por parte de Unidas Podemos, que estaba dispuesto a llegar hasta el final y ser consecuente con sus convicciones, incluso tumbando el borrador de los Presupuestos Generales del Estado si antes no se pactaba la ley de vivienda en el seno del Gobierno.

Feijóo también se ha sumado al 'no', mientras que Garzón ha advertido a las CCAA de que "lo lógico" es adoptar la limitación de los precios de alquiler. Relacionada: www.meneame.net/story/ley-vivienda-regulara-precios-alquiler-grandes-p

Los socios del PSOE y Unidas Podemos han cerrado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en la mañana de este martes, tras acercar posturas en materia de impuestos y alquileres.

La intención de ambas formaciones es desbloquear este asunto cuanto antes, sobre todo cuando ya se cumplen 9 meses de retraso desde el primer plazo que se dio para aprobar esta norma. De hecho, se han producido negociaciones este mismo lunes en las últimas horas al máximo nivel, a través de reuniones entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.

Unidas Podemos desafía a su socio de Gobierno. La formación morada y otros ocho partidos, entre ellos ERC, Bildu y Más País, han registrado este jueves en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda al margen del PSOE. La propuesta está impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Inquilinas o el Movimiento Nadie sin hogar y cuenta con el respaldo de los sindicatos CCOO, UGT, y CGT.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que pretende prohibir la inversión extranjera en vivienda durante los próximos dos años. Además, también ha asegurado que quiere aplicar un impuesto a las viviendas pertenecientes a estos inversores internacionales que se encuentren vacías. “Las casas no deberían estar vacías cuando hay tantos canadienses tratando de comprar una”, ha expresado.

En una manifestación que tendrá lugar en la capital alemana el 11 de septiembre de 2021, numerosas organizaciones saldrán a la calle para reivindicar la congelación de los alquileres a nivel nacional durante los próximos seis años así como la construcción de más viviendas asequibles y el traspaso de la propiedad de los propietarios privados a manos del Estado.

La empresa depositó las escrituras en una notaría de Huelva el pasado 6 de abril y desde entonces los inquilinos de las viviendas de protección oficial de la calle Estatuto de Autonomía, en la barriada de La Alcarrachela, han insistido en que estas sigan en el parque público residencial. Pese a la compra, las viviendas se mantendrán bajo tutela pública hasta 2030, fecha en la que finaliza su régimen de protección oficial. Sin embargo, la empresa puede subir el coste del alquiler dentro de la franja permitida.

El Consistorio advirtió ayer en un comunicado que el alquiler de habitaciones a turistas por días seguirá prohibido en Barcelona. Hace un año la Generalitat aprobó un decreto que permitía esta actividad, pero dio a los ayuntamientos un año para restringirla si lo consideraban conveniente.

El consejero delegado de la empresa pública Viviendas Sociales de Canarias, Agustín Fernández Clemente, compatibiliza el puesto con el de administrador solidario de una inmobilaria que promueve la venta de viviendas. Un despacho denunció la doble actividad al estimar que es susceptible de ocasionar perjuicio en el patrimonio de las administraciones públicas y de incumplir el régimen de incompatibilidades. Fernández es pareja de una hija de Casimiro Curbelo, líder de ASG partido que sustenta el Gobierno en Canarias junto a PSOE, Podemos y NC

El Gobierno se encuentra perfilando los últimos detalles del decreto que prorrogará de forma indefinida la limitación de los desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional a partir del 9 de agosto, cuando vence la protección vigente. Esta es una de las piezas del escudo social en materia de vivienda que desplegó el Ejecutivo a comienzos de la crisis sanitaria y económica y que se ha ido extendiendo con el paso de los meses sin haber conseguido, sin embargo, frenar todos los lanzamientos.

El Gobierno de coalición atraviesa por un momento de evidente tensión. Se están acumulando diferentes problemas. Lo que antes era comunicación fluida, en los maitines de los lunes se demostraba, está teniendo algunas disfunciones y eso se está notando en el día a día. No es que los canales estén rotos, sigue habiendo los mismos, pero sí está faltando información compartida en decisiones de calado.

Tanto el Ministerio de Trabajo como el de Interior se habían negado a facilitar los datos relativos al tamaño de las viviendas oficiales de sus titulares, Yolanda Díaz y Fernando Grande-Marlaska. Así se habían pronunciado en sendas respuestas a dos solicitudes de información recibidas a través del Portal de Transparencia. Finalmente, seis meses después de que se requirieran estos datos, se han visto obligados a revelarlos tras un ‘ultimátum’ lanzado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Desde que en el 12 de junio del 1913 cuando el Rey Alfonso XIII, familia de los actuales monarcas, decretó la Ley de las Casas Baratas y el paréntesis de la guerra civil, pero sobre todo desde el 1959 con la famosa frase del ministro franquista José Luís Arrese de “no queremos una España de proletarios sino de propietarios” se generaron – en medio siglo- más de 15 Planes Nacionales de Vivienda hasta nuestros días con José Luís Ábalos, Ministro de Fomento del PSOE, copia política de la derecha social-liberal y moderada europea.

“Lo ideal sería vivir en la diversidad, sino se hacen guetos: aquí los activistas, allí los migrantes. De lo que se trata es de convertirnos en un pequeño tapón de la barbarie neoliberal”