El documento propone prisión de 3 a 10 años para el causante del hecho. Las penas dependerán del consentimiento de la mujer. Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados para derogar la Ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En uno de los artículos propone la reclusión o prisión de tres a diez años, si el aborto se realiza sin consentimiento de la mujer. “Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”, detalla y agrega: “Con reclusión o prisión de

Este martes, Javier Milei, ha sufrido su primer revés en el Congreso. Cuando todo parecía ir viento en popa para el oficialismo en la Cámara de Diputados, su famosa ley ómnibus ha sido rechazada en el órgano legislativo en el día en que el proyecto de ley debía comenzar a tratarse artículo por artículo. Y ha regresado a foja cero, ya que volverá a tratarse en comisión, donde estaba hace dos semanas. Luego de más de un mes de negociaciones, el oficialismo no habría contado con el apoyo que creía tener asegurado.

Así lo ha aprobado el Gobierno en el Consejo de Ministros de este martes. Con esta norma, según ha afirmado Yolanda Díaz, "se prohíben los contratos a llamada", es decir, aquellos en los que el trabajador no tiene asegurado un mínimo de horas.

PP y Vox suman sus votos para eliminar la ley frente a PSOE, CHA, IU y Podemos. El PAR se abstiene. Después de cinco años en vigor, la ley de memoria democrática de Aragón ya ha iniciado su proceso de derogación. En un clima de tensión, con las críticas de los grupos de la izquierda y las entidades memorialistas, PP y Vox han sumado sus votos para tumbar la normativa. Su argumento ha sido que la norma, que se tramitará por lectura única, no reconocía a todas las víctimas por igual, ante una izquierda que ha prometido volver a recuperarla cuan

El diputado del PNV Mikel Legarda cree que habrá acuerdo en la Ley de Amnistía porque, si cae el Gobierno, la alternativa es un Gobierno de PP y Vox, y los más perjudicados serán los beneficiarios de esa norma. Además, considera que la legislatura no está en riesgo y que habrá Presupuestos aunque puedan retrasarse.

La denuncia de esa aplicación de la mayoría absoluta por parte del PP no ha sido exclusiva del PSOE. Al contrario. La rueda de prensa de portavoces de este lunes ha sido un rosario de quejas al respecto que ha unido a todos los grupos de la oposición, de Vox a Más Madrid. Porque la comisión de vigilancia de las contrataciones, que fue un elemento distintivo de la Asamblea cuando echó a andar, es fundamental para la labor de la oposición. Allí se deben poder conocer los pormenores de todos los gastos del Ejecutivo regional.

Ayuso ya ha concedido todas las reivindicaciones que el lobby ultra Hazte Oír y su plataforma internacional CitizenGO, exigieron a quien quisiera contar con su apoyo y el de sus miles de socios para el 28M. Medidas antiaborto y antieutanasia, proteger el Valle de los Caídos y los símbolos religiosos, leyes para proteger a las familias… «Ayuso por fin cede a nuestra presión», escribió Ignacio Arsuaga, fundador del lobby después de que se derogara la Ley Trans en Madrid.

El Ejecutivo madrileño ha permitido que un responsable de contratación pública, el subdirector general de recursos de la Agencia para la Administración Digital, Antonio Luis Carrasco, asesore a empresas privadas, es decir a sus propios clientes, sobre esa misma materia. La información publicada por este medio recoge que Carrasco presta asesoramiento privado a las empresas y particulares que acuden a Aqualexboutique SL. En la página web de esta empresa, el subdirector de Recursos aparece como la persona que dirige la contratación pública en...

La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño sugiere que la ley electoral favorece a las formaciones independentistas, como ERC, Junts o EH Bildu, en las elecciones generales. Los datos, sin embargo, demuestran lo contrario.

El texto pactado establece, entre otros, objetivos concretos en torno a la penetración de energías renovables para 2030 y el pago de un canon para las empresas que instalen parques renovables. Asimismo, el Gobierno Vasco deberá llevar a cabo un plan de desinversión de combustibles fósiles.

El president avanza la supresión de la Agencia Valenciana de la Energía, la de Digitalización y Ciberseguridad, la de Información y Control Alimentarios, la de Residuos y Economía Circular, la de Cambio Climático y la Escuela Valenciana de Administración Pública por "duplicidades" con direcciones generales ya existentes Acusa al Botànic de "descontrol" en el sector público, con "enchufes masivos" y pagos sin autorización, y encarga un estudio individualizado de cada organismo para depurar responsabilidades "incluso penales"

El ministro Jorge Fernández Díaz recibía personalmente las notas de distintas unidades policiales donde se fabricaban pruebas falsas para atacar a los líderes catalanes. Las notas, muchas con información falsa, se filtraban a la prensa y en una de ellas se reconoce que el banco andorrano que entregó las cuentas de los Pujol lo hizo coaccionado para que no le retirasen la licencia para operar en España.

La norma, que pretende derogar delitos como el de injurias a la Corona u ofensa a los sentimientos religiosos, ya fue registrada con un texto prácticamente idéntico por Unidas Podemos en la anterior legislatura. La proposición de ley impulsada por el partido de Yolanda Díaz pretende derogar hasta cinco delitos: ofensa a los sentimientos religiosos o de escarnio público, ofensas a España y sus símbolos, injurias a la Corona, enaltecimiento del terrorismo y las injurias al Gobierno y a sus instituciones.

La malversación es el principal escollo que ve la Unión Europea en la ley de amnistía, algo que el PP no tiene en cuenta a la hora de enmendarla. Lo realmente llamativo es que el PP no proponga aumentar las penas por malversación, una cuestión que llevaba en su programa electoral para las elecciones del 23J y que ha sido una de sus principales consignas políticas durante el pasado año. Y es que Bruselas plantea, precisamente, reformar el delito de malversación para endurecer las penas, pero ni el PSOE, ni el PP parecen tomar cartas en el asunto