La Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción desentrañan desde hace casi tres años los detalles de la "operación parapolicial" supuestamente ordenada en 2013 desde el núcleo del Gobierno de Mariano Rajoy para sabotear la instrucción judicial que amenazaba con sacar a la luz dos décadas de dinero negro en el Partido Popular. Las pruebas y testimonios contenidos en el sumario apuntan a que se cumplió con el "objetivo marcado"

El Partido Popular ha presentando en el Congreso un escrito dirigido a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, en el que entre otras cosas solicita que su exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, no tenga que declarar, tal y como está previsto, en la comisión que investiga la utilización ilegal de recursos del Ministerio del Interior para favorecer intereses del PP y eliminar pruebas en casos de corrupción que afectan a este partido.

Los tribunales de justicia y las fuerzas de seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) han destapado y desarticulado numerosas tramas de corrupción de una amplia gama de colores políticos en lo que va de siglo. Pero, en 2019, esos dos cuerpos de funcionarios (el policial y el judicial) se encontraron con un caso distinto: una supuesta red de comisarios corruptos que había usado fondos reservados del Ministerio del Interior para una operación secreta, a espaldas del juez, consistente en tapar la corrupción del partido que gobernaba