Hasta la aprobación en 2022 de la Ley de Memoria Democrática, los fiscales tenían orden de oponerse a cualquier investigación en torno a los crímenes del franquismo. La judicatura también archivaba los casos, a pesar de tratarse de crímenes de lesa humanidad.

¿Qué clase de régimen y judicatura tenemos en el Estado español que es el único de los que han vivido regímenes dictatoriales o fascistas similares (Alemania, Italia, Portugal, Chile, Argentina, Uruguay, Guatemala, Sudáfrica…) en el que esta normativa internacional no se aplica y las puertas de la justicia siguen estando cerradas para los crímenes del franquismo?

"En España todavía hay una negación de que hubo una represión", defiende en una entrevista la responsable del Equipo Argentino de Antropología Forense que identificó a 117 soldados argentinos enterrados en Las Malvinas. Lamenta que las autoridades españolas sean reacias a autorizar a las familias a buscar a sus parientes fallecidos durante el franquismo.

Un exmagistrado del Tribunal Supremo escribe hoy un artículo para pedir que no se renueve el CGPJ porque Sánchez es como Franco, un dictador. Nota: Este señor también dice que el género es una imbecilidad. Por cierto, tras una sucesión de eslóganes del PP (caudillo, colonizar instituciones, seguir en la Moncloa, usar el Falcon) el autor justifica el bloqueo porque, de renovarse, el nuevo CGPJ realizaría los nombramientos para cubrir las vacantes de Supremo. ¿Os hago un croquis?

A comienzos de 2024 comenzará a funcionar el Banco Estatal de ADN para la identificación de las víctimas de la guerra y la dictadura.

El alegato considera que la norma implica una "desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes". El objetivo es obtener la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del DNU por constituir "el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la su

660 millones € públicos costará el megaproyecto fallido de Esperanza Aguirre de 'Ciudad de la Justicia' que ahora recupera Ayuso. PP Madrid "dilapidó", "tiró a la basura" 350 millones € públicos (el dinero no está ni en basura ni dilapidado. Ya sabéis dónde).

Discurso de Íñigo Errejón (Sumar) en el Congreso de los Diputados sobre el reparto del poder en España.

VALÈNCIA. La situación en determinados juzgados de la Comunitat Valenciana se está volviendo más complicada si cabe por la falta de recursos. El motivo es que la Conselleria de Justicia que dirige Elisa Núñez (Vox) está comunicando que no prorrogará algunos refuerzos de funcionarios. Una decisión que ya ha provocado un total cabreo en los juzgados que coordinan grandes causas judiciales, como Instrucción 13 de Valencia, encargado del caso Azud.

Podemos nació en las primeras semanas de 2014 y se convirtió en la gran sorpresa con cinco diputados en las elecciones europeas de ese año. Y casi paralelamente empezaron sus problemas en los tribunales mucho antes de que el partido gestionase ninguna institución. Durante casi una década diferentes instancias, la judicial, la periodística y también los cuerpos policiales han tratado de poner en duda la limpieza de sus cuentas.

"Los políticos tenemos que opinar y tenemos opiniones políticas y a veces hay decisiones judiciales que no se entienden. No es que no las entienda el Gobierno, es que no las entienden los ciudadanos", ha exclamado, para agregar que cuando hay resoluciones "injustas" tienen que "opinar". "Es que nosotros representamos a los ciudadanos y me preocupan aquellos jueces que no entiendan esto", ha proclamado. old.meneame.net/story/video-junts-llama-indecentes-jueces-marchena-lla

Hoy hace 77 años que Naciones Unidas señaló al régimen franquista como un régimen fascista equiparándolo al nazismo y el fascismo italiano ya vencidos en la segunda Guerra Mundial. Esa equiparación significa que los crímenes de lesa humanidad de la Dictadura no prescriben jamás y deben ser enjuiciados y sus responsables, si aún siguen vivos, condenados.

El impedimento para nombrar magistrados en la cúpula judicial deja un 30% de plazas en el Tribunal Supremo sin ocupar y casi 42.000 asuntos sin resolver Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid.

Este jueves el Poder Judicial decidía no avalar el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Una decisión –inaudita en democracia– que evidencia hasta qué punto el Consejo General del Poder Judicial, cuya mayoría conservadora lleva cinco años en funciones, se ha propuesto boicotear las instituciones.

El proyecto de ley también exigiría la pena de muerte para los palestinos condenados por terrorismo en los tribunales israelíes. Las familias de los rehenes lo llaman teatro político.

La Fiscalía Anticorrupción y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez también han reclamado que se revoque la decisión del magistrado de sentar en el banquillo de los acusados a la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy

Subraya que no se puede perseguir penalmente a los miembros del TC por sus decisiones jurisdiccionales