Para el obispo José Luis Retana, esta disposición de las instituciones públicas de las viviendas de los pueblos donde ya no hay sacerdote residente, para su posterior alquiler con fines sociales, “es un bien para los pueblos”.Para Suárez-Quiñones se plasma “el compromiso social de la Iglesia y el compromiso social de las políticas de vivienda de la Junta”. Programa Rehabitare, protocolo para que viviendas en desuso propiedad de la Diócesis de Salamanca sean rehabilitadas por la Junta de Castilla y León y sacadas posteriormente a alquiler social

Se une a Junts, entre reproches mutuos, para defender ahora que la norma pactada con el PSOE y Podemos invade competencias de la Generalitat El Parlament de Catalunya acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada en el Congreso a finales de abril pasado. ERC y JxCat presentaron la propuesta tras un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que apuntaba que parte de la nueva norma vulnera competencias de la Generalitat

Los gravámenes a la propiedad de España la convierten en el país que más penaliza fiscalmente este tipo de activos privados, solamente superado por Italia dentro del conjunto de los países más desarrollados del mundo miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

La vivienda de protección oficial (VPO) de alquiler en España se halla en una década perdida: las estadísticas apenas recuerdan menos construcción de pisos sociales. Pero esos bajos niveles no han impedido grandes diferencias por territorios, como que en la Comunidad de Madrid se hayan construido casi tres veces más vivienda con esa calificación que en Cataluña desde 2014, pese a que ambas autonomías cuentan con un peso de población similar.

Sumar propone que la declaración de zonas tensionadas sea obligatoria si se cumplen los criterios, una forma de saltarse las limitaciones de la Ley de Vivienda, que la hacen inaplicable tras los resultados del 28M. Estas son las propuestas de vivienda de los cuatro grandes partidos. El PP pretende solucionar el problema de la vivienda a través de la movilización de suelo público “con destino a fórmulas de promoción de vivienda en alquiler asequible”, es decir, pelotazos urbanísticos con suelo público y, a partir de ahora, blindados por ley.

El nuevo Govern prepara un giro radical en materia de vivienda que se centrará en la modificación de la Ley de Vivienda aprobada por el pacte de izquierdas en la pasada legislatura. Uno de los cambios que se preparan es la derogación de todas las disposiciones que permiten la expropiación del uso de los pisos vacíos de los grandes tenedores.

"Según fuentes jurídicas, el pacto de PP-Vox incluye una clausula sobre que si alguien impide a una persona LGTBI acceder a un local público o darle un servicio, será el demandado quien tendrá que justificar por qué actúa así. "

Fue delegado de Urbanismo durante los últimos cuatro años. La empresa habría recibido lotes para la construcción de vivienda en alquiler asequible.El grupo municipal de Más Madrid ha anunciado que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid por el fichaje del exdelegado del área de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, por la promotora de vivienda Vía Ágora por posibles "conflictos de intereses".

Poner el foco en lo anecdótico y desviar la atención de lo que es un auténtico problema social. Esta es la política de vivienda a la que apunta la nueva alcaldesa de València del PP, María José Catalá, quien anunció este martes la puesta en marcha de oficinas antiocupas y descartó por el momento acogerse a la nueva Ley de Vivienda para limitar los precios de los alquileres, desbocados en la ciudad siguiendo la tendencia del resto de España.

PP y Vox han llegado a un acuerdo para que Marga Prohens lidere un Ejecutivo sólo de los conservadores, pero que asume gran parte del ideario político de la extrema derecha.

PP y Vox han firmado este jueves un acuerdo para la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern balear, en virtud del cual los de Santiago Abascal no entrarán en el Gobierno autonómico, pero sí en los...

El programa económico del Partido Popular está en construcción, pero su candidato, Alberto Núñez Feijóo, tiene algunas ideas muy claras. Y así se las expresaba a diferentes miembros de su equipo por teléfono en voz alta mientras viajaba en el Euromed que partía este lunes a las 18.15 de Barcelona con destino a Valencia. Una de las afirmaciones que han podido oír los viajeros de las butacas contiguas a la de Feijóo es su plan para gobernar en las Baleares: ofrecer a Vox la vicepresidencia y dos consejerías, la de Justicia y la de Cultura.

En el acto de presentación de las líneas principales del del programa que presenta la formación regionalista, Catalán declaró que “somos partidarios de derogar la Ley de Memoria Democrática aprobada con el pacto entre Bildu y el Partido Socialista”. Y en materia de vivienda, defendió la derogación de la Ley de Vivienda, fundamentalmente porque “no dota ninguna medida para la ocupación ilegal de la vivienda, no hace un reconocimiento claro de la propiedad privada”, y porque “invade competencias de Navarra”.

La segunda autoridad de Baleares ha afirmado hoy que "queremos hacer lo que llevan décadas haciendo los separatistas pero en el sentido inverso y devolver competencias al Estado Español". Le Senne ha asegurado también que su objetivo es "reformar la organización territorial de España para devolver aquellas competencias que, una vez analizadas, se podrían gestionar mejor de forma conjunta. Le Senne no ha nombrado ninguna de estas competencias, pero es sabido que en el ideario de Vox están las de devolver Educación y Sanidad.

José Castro, el juez que instruyó el caso Nóos que llevó a la cárcel a Iñaki Urdangarin, cierra la lista electoral por Baleares de la coalición entre AraMÉS y Sumar para las elecciones generales del próximo 23 de julio.

El Partido Popular ha cedido la presidencia del Parlament balear a Vox. El preacuerdo al que han llegado ambas formaciones para la constitución de la Mesa del Parlament, que mañana tiene prevista su primera sesión, otorga asimismo la vicepresidencia primera y la secretaría primera al PP.

Hay un problema con la vivienda. En eso coinciden todos los partidos políticos, pero ahí se acaban las coincidencias. Una campaña de la derecha y la extrema derecha consigue explotar “anécdotas extremas” y ‘fake news’ para situar la okupación como el principal problema de la vivienda. Según los discursos del PP, Vox y el abanico de canales de TV y medios afines que han difundido e impulsado estos enfoques, la culpa del “problema de la vivienda” la tienen los okupas, los inquiokupas, los migrantes, en resumidas cuentas, los pobres.

El vicepresidente del Govern balear carga duramente contra los mandatarios de la formación morada por sus resultados en el 28M: "Es sorprendente que no hayan desaparecido de la escena política".

El Pleno del Congreso de esta semana debatirá una proposición no de ley del PP en la que, entre otros puntos, pide la derogación de la recién aprobada Ley de Vivienda y también la puesta en marcha de un plan 'antiocupación' que permita desalojos en un plazo de 24 horas. El PP registró su propuesta incluso antes de que la Ley de Vivienda entrara en vigor el pasado jueves. Defiende su derogación porque considera que incluye medidas "intervencionistas y dirigistas contrarias a la libertad individual" y que va a contraer la oferta del mercado de l

Breve hilo en que se describen el pensamiento y las políticas del Partido Popular sobre la vivienda y sus precios en la Comunidad de Madrid.

Tope a los alquileres, impuestos a viviendas vacías, cesiones obligatorias para los grandes tenedores, multas por acoso inmobiliario... Estas son algunas de las iniciativas puestas en marcha por ayuntamientos y comunidades en los últimos años.En lel 28M hay mucho en juego, entre otras cosas la aplicación de la Ley de Vivienda. La declaración de áreas tensionadas, la aplicación de topes al incremento de los precios de los alquileres o la redefinición de grandes tenedores. Otras medidas que habilita la Ley dependen de los Ayuntamientos.