Vox ha provocado este martes un tremendo enfado en el PP de Isabel Díaz Ayuso al facilitar que la izquierda pueda formar una comisión de estudio sobre las residencias de la región en la Asamblea de Madrid. “Nos sorprende y nos entristece, porque Vox se ha sumado a la estrategia de la ultraizquierda”, ha dicho Pedro Muñoz Abrines, el portavoz del grupo parlamentario del PP, que hasta ahora había usado su mayoría en la Cámara para bloquear cualquier intento de investigar las más de 5.000 muertes en estos centros durante lo peor de la pandemia

Es hasta cierto punto normal que los políticos metan la pata. Lo que ya no lo es tanto es que luego rectifiquen. Eso es lo que le ocurrió este pasado fin de semana a María Guardiola, presidenta del PP de Extremadura. Guardiola viajó el sábado a Madrid desde Cáceres en el tren Alvia que presta servicio en Extremadura desde el 19 de julio y aprovechó el trayecto para publicar un tuit en el que denunciaba, entre otras cosas, que en el tren no había enchufes para cargar el móvil.

La izquierda no está dispuesta a que la Asamblea de Madrid reduzca su número de diputados de 136 a 91. Un 33%. El acuerdo alcanzado este martes por PP y Vox para acometer esta reducción no ha gustado a Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, dispuestos a bloquear la iniciativa cuando vaya al pleno, en una fecha aún por determinar.

La Mesa de la cámara autonómica también ha rechazado la comparecencia del hermano de la presidenta y de Ángel Carromero. La Comisión había sido solicitada, por segunda vez, por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.

La presidenta de Ciudadanos admite en 'Más de uno' que su partido se equivocó al entregar al PP la presidencia de las diferentes comunidades autónomas en las que gobernaban en coalición.

“Carece de todo el sentido", han explicado desde el PP madrileño.Los votos en contra del PP y la abstención de Vox han impedido que la Asamblea de Madrid aprobase la Ley contra el Fraude y la Corrupción, propuesta por Más Madrid.El texto, que sí ha recibido el apoyo de PSOE y Unidas Podemos (más los de la formación impulsora), pretendía la creación de una agencia antifraude independiente, así como el asesoramiento legal y psicológico gratuito y la protección del denunciante ante presiones de sus superiores