Así, la ley, que no recoge esa palabra en su redacción, no abarcaría el procesamiento contra el abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, Gonzalo Boye; la condena de la presidenta de Junts, Laura Borràs; o el procesamiento del clan Pujol. La proposición de ley se centra en los delitos relacionados con el procès, dejando fuera los demás ilícitos, entre ellos blanqueo de capitales, organización criminal, asociación ilícita, falsedad documental y contra la Hacienda Pública, así como cualquier acto cometido antes del 1 de noviembre ...

"Si, llegado el caso, hiciera falta imputar a Puigdemont la creación de la covid en un laboratorio de Girona, la derecha democrática lo haría. Ya lo hizo, de hecho. En 2020, un coronel de la Guardia Civil ordenó, a espaldas del Ministerio de Interior, investigar si la pandemia mundial había sido cosa de la ministra Irene Montero y sus amigas feminazis."

"Unos cuantos jueces y tribunales fuerzan y limitan derechos fundamentales sobre la única base de sus opiniones morales y políticas, convencidos de que su papel consiste en vigilar al legislador y sustituirlo por la vía de los autos y las sentencias cuando así lo estimen oportuno. El poder judicial no es el vigilante de los demás poderes o de la democracia. El poder judicial imparte justicia y aplica la ley. Bastante debería tener con vigilarse a sí mismo, si es que alguna vez se anima a hacerlo. "

"En España los jueces no prevarican, sino que pueden cometer algunas inexactitudes. A pesar del enorme tufo de politización de la Justicia, de acusaciones sacadas de la chistera en momentos políticos clave o sobreseimientos imposibles que coinciden con que el acusado es afín políticamente, rara vez verá usted a un togado siendo suspendido por el CGPJ acusado de haber retorcido de forma consciente la ley que debe hacer cumplir. Y es que en España los jueces no prevarican (...) pueden tener un mal dia.

Para ser más exactos lawfare es “el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública de un adversario político”. Y eso, en este país, sólo lo está haciendo la extrema derecha. El Tribunal Supremo ha llamado la atención a Vox porque no hace más que presentar denuncias a la máxima instancia judicial, primero contra las negociaciones para la investidura parlamentaria de Pedro Sánchez, y, posteriormente, a la propia investidura.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy reiterar el comunicado aprobado por este mismo órgano el pasado 9 de noviembre, en el que expresaba su frontal rechazo a la constitución de comisiones parlamentarias de investigación que puedan llegar a establecer responsabilidades derivadas del denominado ‘lawfare’ y ha advertido de que se mantendrá vigilante, en defensa de la independencia judicial, en relación con el desarrollo de esas comisiones.

El PSOE ha asegurado que el acuerdo que ha firmado con Junts para permitir la investidura de Pedro Sánchez no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de "detectar casos de lawfare", sino que se refiere a las comisiones ya acordadas en agosto con los independentistas catalanes en su pacto para la Mesa del Congreso. También ha manifestado que "el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial".

Es curioso que quienes ahora braman contra una ley, cuyo proyecto recién salió ayer, no lo hicieran contra los corruptos de su propio gremio e incluso los voten de forma sistemática; que no condenen la dictadura franquista y comprendan a quienes desarrollan acciones criminales genocidas en el presente. Pero esta es la realidad en nuestro país. Por el momento lo que sí se percibe en algunos componentes del sector judicial es un alineamiento político con la estrategia del PP y VOX para entorpecer la investidura de Sánchez

"El Gobierno de Mariano Rajoy usó al Ministerio del Interior, a la Policía y a la Guardia Civil para fabricar pruebas falsas contra Podemos. Esas pruebas falsas fueron puestas en manos de periodistas corruptos para producir centenares de noticias falsas con el objetivo de destruir mi reputación y la de otros dirigentes del partido gracias a horas y horas de difamación en los informativos y en las tertulias de las principales cadenas de radio y televisión, y gracias a ríos de tinta en los grandes periódicos del país."

¿A quién beneficia? ¿Afecta a delitos de terrorismo? ¿Menciona el polémico 'lawfare'? ¿Cómo se justifica? Uno de los aspectos fundamentales de la ley de amnistía, sobre todo para el PSOE, es que el texto reconociera la Constitución y el sistema jurídico español. Aunque parezca una obviedad, a nivel político es de enorme trascendencia, porque supone alejar a los firmantes independentistas de la vía de la unilateralidad.

El rapero Pablo Hasel recoge en Erosionando muros (Pol·len Edicions) noventa y nueve poemas escritos desde que ingresó en prisión, en febrero de 2021. Este poemario tiene un tono diferente de algunas de sus canciones, más contenido personal, de emotividad y ternura, pero igualmente está muy presente la parte reivindicativa y de denuncia "para ejercer la urgente autodefensa".