El PP retoma el poder de uno de sus bastiones históricos, una tierra que ha gobernado durante 20 años y que convirtió en uno de los principales estandartes de la corrupción en nuestro país. Dos décadas de corrupción que, más allá de sus derivadas judiciales, deja una herencia en la Comunidad que dinamita el tópico de que la derecha gestiona mejor. De hecho, su mala gestión ha dejado sepultada una ruina en diferido que ha supuesto un lastre para las arcas públicas muchos años hasta el punto de que, en 2018, rondaba los 5.500 millones de €.

La última serie en respaldar la "corrupción de menores” —como denomina a estas prácticas el líder de Vox, Santiago Abascal—, ha sido nada menos que la popular serie infantil de los cerditos.

La Concejalía dirigida por Noemí Santana, ahora candidata por Sumar, destinó 12,5 millones de euros a una ONG sospechosa con escasa vigilancia.

El veto que ha puesto Génova sobre el candidato de Vox en la Comunidad Valenciana, condenado hace 11 años por maltrato psíquico a su exmujer, ha tensado más, si cabe, el primer encuentro oficial que sentará a una misma mesa a Carlos Mazón y al dirigente señalado por la cúpula del PP, Carlos Flores Juberías. Vox no cede a la presión e irá a la negociación con una lista de peticiones que, a su juicio, refleja el resultado de las urnas.

“He sido una figura pública privilegiada. No tendría que haberme encontrado con el problema de si en mi declaración de la renta del año 2010 se tenía o no en cuenta mi tarjeta. Son errores de juicio que he cometido. Es el motivo por el que pedí perdón”, explica el exvicepresidente del Gobierno que presenta su libro de memorias.

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha acordado conceder el tercer grado penitenciario, es decir, el régimen de semilibertad, al líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, que tiene una oferta para trabajar en un medio de comunicación.

Entre otros, en este caso Menas impulsado por la Fiscalía Anticorrupción, los investigadores detectaron que la directora del centro Guiniguada cargó a la tarjeta de la ONG responsable de este servicio, un pago de 1.500 euros correspondiente a tratamientos de belleza y 1.113 en facturas de restaurantes como Vinófilos, El Vasco de Vegueta o Triciclo. Esta investigada es María de los Ángeles Barroso, que en la anterior legislatura fue la secretaria y tesorera del comité ejecutivo de la provincia de Las Palmas de Vox.

Francisco Correa dirigía las empresas de la trama corrupta que provocó la caída del Gobierno del PP de Mariano Rajoy. El juez destaca que tiene una oferta para trabajar en un medio de comunicación

En España, como en cualquier otro país, los políticos no son ajenos a enfrentar cargos legales por diversos delitos. Aunque es importante recordar que todos son inocentes hasta que se demuestra lo contrario, algunos de los delitos más comúnmente asociados con políticos en España según estadísticas de los diferentes procesos judiciales contra políticos en España.

Un empresario pagó una comisión de 400.000 euros en Maracena (Granada) cuando el número 3 del PSOE andaluz, Noel López, era alcalde. Lo hizo a cambio de construir un centro de salud en la ciudad. En un audio al que ha tenido acceso El Independiente, el constructor Francisco Foche reconoce que tuvo que pagar en b al arquitecto municipal, Francisco Soria, «si quería hacer esto», en referencia a la obra.

Mientras los populares salpicados por irregularidades mejoran resultados los socialistas en la misma situación se han quedado sin alcaldías de peso como la de Móstoles.

La falta de medidas y propuestas concretas de la extrema derecha para la comunidad dejan solo una certeza: su intención de erradicar todo lo que huela a izquierda, como derechos sociales y eliminación de impuestos que permiten redistribuir la riqueza

Las siglas de ETA han tenido un hueco importante en la actividad de PP y Vox en el Congreso. Ambos grupos parlamentarios recurrieron a este argumento en más de 300 ocasiones, y lo hicieron a través de iniciativas de todo tipo. La ultraderecha registró más de 150 preguntas que giraban en torno a acercamientos de presos, movilizaciones o supuestos acuerdos entre el Ejecutivo y EH Bildu. Los populares formularon media docena de proposiciones no de ley en esa línea.

Los resultados de las elecciones municipales del domingo han demostrado que la corrupción no pasa la misma factura a unos partidos que a otros. Alcaldes o candidatos de partidos de derecha imputados por corrupción o bajo sospecha han tenido el respaldo masivo de los ciudadanos. La misma situación, en cambio, ha acabado con las aspiraciones de alcaldes o representantes del PSOE.

Pese al desmentido del ministro, el Consejo Económico y Social (CES) de España, órgano consultivo del Gobierno, también ha llamado la atención sobre este problema en su 'Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España' de 2022. El CES aprecia "importantes dificultades" en la tramitación de la cita previa e insta a un "refuerzo de la plantilla", con más presencialidad y mayor atención telefónica para garantizar el acceso a las prestaciones.

La lista que encabeza Muñoz ha obtenido el 40,73% de los votos a pesar de las investigaciones que pesan sobre la alcaldesa. Ángeles Muñoz, la alcaldesa y candidata a la reelección del PP de Marbella , mantiene la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, al obtener 14 concejales en una Corporación que conforman un total de 27 ediles. Asimismo, Vox irrumpe con fuerza en la ciudad costasoleña, al conseguir dos representantes por primera vez.

Una historia de dos señores madrileños que comparten un destino: Antonio y Florentino ????⚽️

Vicente Montañez deposita ante la Fiscalía medio centenar de documentos que asegura acreditan las prácticas delictivas de la formación ultra y señala directamente a Javier Ortega Smith. "Intervenían de forma sistemática para vaciar las arcas de los grupos municipales", señala. El denunciante también señala que la dirección del partido trató de imputar al grupo municipal de Vox en València una factura de más de 8.000 euros "por servicios nunca prestados", lo que a su juicio "sustenta" la acusación de "falsedad documental".

La magistrada que instruye la causa por el presunto troceo de contratos en varias actuaciones en la partida rural de la Alcoraya ha decidido imputar al exedil de Fiestas de Alicante Manuel Jiménez (PP), promotor de las obras pese a no ser competencia de su concejalía; al concejal de Infraestructuras, José Ramón González (PP), departamento que las acabó pagando; al empresario que las llevó a cabo, quien previamente había realizado reformas en la vivienda de Jiménez, y al adjunto al jefe del servicio de Infraestructuras del Ayuntamiento.