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olicías y Guardia Civiles, sí; políticos y cargos públicos, no. Manifestantes, puede que sí, puede que no. Este es el resumen que puede extraerse de los datos facilitados el domingo por la plataforma antirrepresiva Alerta Solidària: todos los agentes (51) que han solicitado la aplicación de la Ley de Amnistía la han recibido, frente a solo nueve políticos o cargos políticos de los 88 que la han pedido (el 10,2%). De ellos, 56 recursos han sido derivados a instancias superiores —Constitucional y Unión Europea— y 16 peticiones han sido denegadas

En serio; resulta inquietante, puro estupor, leer que Euskal Herria no existe como nación. Según un tal Iñigo Muerza (y el caso es que a Ayuso no le falta razón), “ni Cataluña ni el País Vasco ni Navarra se han constituido nunca como naciones”. [¡Qué rancio –de paso– eso de ni País Vasco ni Navarra; este discurso hispánico!]. Con qué ligereza, en nombre de una supuesta erudición, se da por bueno el relato del establishment, el resultado de la violencia de siglos, el escenario de la fuerza militar ejercida sobre los pueblos.

Salvador Illa ha dado este lunes un paso de varias leguas en su carrera hacia la presidencia de la Generalitat. ERC ha cerrado un preacuerdo con el PSC por el que acepta apoyar la investidura a cambio de mejoras en las financiación y pactos en materia de resolución del programa social y el catalán. Con todo, el acuerdo debe superar ahora el examen más difícil de todos: someterse a la votación de las bases republicanas.

Periodista, filósofo y escritor, Josep Ramoneda (Cervera, 1949) es desde hace décadas uno de los analistas de referencia del mundo progresista en Catalunya. Colaborador de El País, el diario Ara y la Cadena Ser, director de la revista La Maleta de Portbou y presidente del Grup 62, encabezó durante más de 20 años el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (1989-2011).

Este lunes la presidenta madrileña ha dado el pistoletazo de salida a su participación en la contienda catalana desde el barrio de Sarrià y, en concreto, desde la plaza Artós, que han vendido como un "símbolo de una década de resistencia contra el separatismo y el populismo". De ahí salieron manifestaciones espanyolistas como las del 3 de octubre del 2017, algunas de ellas convocadas por la extrema derecha.Y éste también será el punto del acto final de Vox del viernes.

Santiago Pedraz abrió la puerta el pasado mes de febrero a que un juzgado investigue las maniobras policiales contra la formación y su huella en los medios de comunicación utilizados para difundir bulos. La guerra sucia del Gobierno de Rajoy se apoya en tres vértices: el original, conocido como la Operación Catalunya, las maniobras contra Podemos, y la operación Kitchen para sabotear la investigación judicial de la caja B del PP. Solo los dossieres contra la formación de izquierdas había quedado fuera de una investigación judicial.

Solo en la última década, los precios de oferta de los alquileres han subido de media un 77% en todo el país. En el mismo periodo, el incremento medio de renta disponible de los hogares ha sido del 33%. Es decir, el aumento del precio de los alquileres ha sido más del doble que el aumento de la renta de los hogares. Hay una escalada sin precedentes de los precios del alquiler y de la especulación inmobiliaria extrema en muchos puntos del país. Además, contamos de qué hay detrás del negocio de los pisos turísticos y las mafias que lo manejan...

Hace unos meses, se pensaba que la amnistía sería el gran obstáculo que el Gobierno de Sánchez debería afrontar para asegurar la estabilidad. Ahora resulta que un complejo turístico con casino en Catalunya es lo que ha roto todos los planes ..

Entrevita al economista y pastelero Josep Maria Busqueta, que vuelve a la tribunua pública con el libro 'Pasar a la ofensiva'.

El Ministerio Público acumula la denuncia del exjefe de los Mossos contra los mandos policiales del Gobierno de Rajoy que pidieron investigarlo a las diligencias abiertas sobre el espionaje de la policía política al jefe de los fiscales en Catalunya

La emergencia por la sequía afecta ya a seis millones de catalanes y algunos sectores económicos se preparan para reducir todavía más sus consumos de agua: un 80% los agricultores, un 50% los ganaderos, un 25% la industria. Pero, ¿y el turismo? El gasto de hoteles y cámpings no figura en el decreto ni en el Plan de Sequía. Y la Generalitat ha optado por dejar en manos de los ayuntamientos su supervisión.