El pacto antitransfuguismo, firmado en 1998 y ampliado en tres ocasiones, la más reciente en noviembre de 2020, establece como tránsfuga a aquella persona que "abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político".El PP recoge en sus estatutos nacionales de 2018 como infracción muy grave utilizar o valerse de tránsfugas para "constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas".La misma mención se hace en el reglamento de organización política de la formación en Murcia aprobado en 2017
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