Los denunciantes alegan que la Administración autonómica habría condicionado los citados expedientes a los intereses de la empresa que explota la mina, propiedad del conglomerado Sacyr, para que pudiera eludir y trasladar a la administración autonómica los costes de la recuperación de dos balsas de decantación en las que se vertieron durante decenios los tóxicos y metales pesados derivados de la actividad minera. Unos gastos que, por ley, deberían recaer en los propietarios de la explotación.
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