Investigados y testigos hablan de apuntes a mano sobre los que no se comprobaba si el dinero que pedían las unidades policiales se destinaba a los objetivos marcados. Una operación de espionaje ilegal que fue posible gracias a las "disfunciones e irregularidades" en la gestión del dinero, del que nadie en Interior se hace responsable. El Gobierno mantiene congelados en los Presupuestos los gastos reservados, que el año que viene ascenderán a 27,86 millones de euros
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