La privatización de los servicios públicos se ha vuelto un terreno propicio para el trato de favor, las comisiones, la prevaricación y la malversación del presupuesto de las administraciones. El corrupto anida en los procesos de adjudicación, se nutre del dinero de todos y muta cuando la Justicia o el negocio obligan a buscar un nuevo servicio público al que parasitar.
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