El Govern ha dado ya con la tecla que buscaba para acudir en el socorro de los 34 encausados por el Tribunal de Cuentas por la celebración del 1-O. En la reunión de este martes del Consell Executiu ha aprobado un decreto ley por el que se crea un fondo complementario de riesgos, con una aportación inicial de 10 millones, para el rescate de los "servidores públicos en el ejercicio de su cargo". La fianza conjunta exigida por el Tribunal de Cuentas alcanzan los 5,4 millones.
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