El gobierno de Pedro Sánchez pretende impugnar los puntos de la ley que facultan las administraciones públicas para contratar por la vía de emergencia las obras que considere necesarias para combatir la sequía, como mejorar la conexión de las redes de abastecimiento de agua o los procesos de tratamiento. Desde el Gobierno sostienen, según explica el rotativo, que esta medida está prevista en la ley estatal, mientras que desde Madrid apuntan que hay supuestos en la ley aprobada por el Parlamento que no respetan la legalidad.
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