Mazón ofreció colaboración a todos los ayuntamientos para movilizar suelo público en el que se puedan acometer los proyectos, así como para que definan las tipologías de viviendas que resultarían más adecuadas para sus respectivos municipios, bien en compra o alquiler asequible. El jefe del Consell destacó que la vivienda pública ha dejado de ser política económica para convertirse en un derecho social, subrayando, además, que el objetivo «es facilitar el acceso en condiciones asequibles para quienes más lo necesitan».
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