La Agencia Tributaria inspeccionó en 2022 a casi 29.000 contribuyentes, pero solo denunció ante la Fiscalía 184 casos, que son los más graves y los que pueden comportar blanqueo, contrabando o delito fiscal, presunto caso de Alberto González Amador. “Cualquiera que ha tenido una inspección sabe que Hacienda hace una acusación y luego él tiene que defenderlo. Es una inspección salvaje, sacada de quicio”. Los datos desmienten la declaración hecha por la presidenta de la Comunidad de Madrid
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