El origen de este caso está en 2005, cuando, con Miguel Zerolo como alcalde (de Coalición Canaria y actualmente en la cárcel por el caso de corrupción de la playa de Las Teresitas), el Ayuntamiento privatizó la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa). Empresa y Consistorio han firmado que esta comience a devolver los 33 millones cobrados indebidamente pero con la condición de subir las tarifas, con lo que ganará 49 millones.
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