A lo largo de la democracia y pese a las obligaciones constitucionales que señalan la responsabilidad del estado español a la hora de lograr garantizar una vivienda digna a su pueblo, la política parlamentaria ha transformado la vivienda únicamente en un bien de mercado, una burbuja especulativa constante que a día de hoy pone en serio riesgo las expectativas de futuro y los proyectos vitales de gran parte de la juventud de nuestro país.
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