La Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada hace exactamente siete años en solitario por el PP, se tildó rápidamente de Ley Mordaza por diversos organismos que velan por el cumplimiento de los Derechos Humanos en España. La medida legislativa, que no cumple con los estándares internacionales en torno al derecho de reunión, manifestación e información, sigue causando estragos entre activistas, periodistas y población en general.
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