La mitad de este coste recae en las propias familias de los trabajadores, mientras que el 18,6% lo soportan los servicios públicos de salud debido a que se tramitan como enfermedad común o accidente no laboral. El resto se atribuye a la pérdida de productividad.

El PSOE quiere que se acometan los necesarios cambios legislativos para asegurar que una persona no pierda su puesto de trabajo en caso de sufrir una discapacidad sobrevenida, y que antes que la incapacidad pueda acabar con la carrera laboral del empleado, la empresa esté obligada a adaptar sus condiciones o cambiarle de puesto.