El partido político que encabeza Pablo Iglesias ha señalado a la gestión privada de los servicios públicos, la sanidad entre ellos, como el epicentro de un cambio normativo que la subordine a los intereses del Estado, extremo que, en puridad, ya se lleva a cabo conforme a la Ley General de Sanidad de 1986, donde se subraya el carácter complementario que debe mantener toda colaboración de particulares en prestaciones públicas.
